Homicidios en zona norte del país se duplicaron entre 2020 y 2021

La noche del miércoles 18 de agosto de 2020, trabajadores de un camión recolector de basura avistaron un vehículo que se incendiaba camino al vertedero municipal, en el sector Quebrada Encantada, en la comuna de Arica. Al interior del auto se encontraban dos cuerpos calcinados, uno de ellos en el asiento trasero y el otro en el portamaletas.

Este es solo un ejemplo de los casos de alto impacto que se han visto en los últimos años en el norte del país, y que esta semana anotó una nueva muestra con el secuestro con extorsión y homicidio de Nelson Murúa Páez, en Iquique. Ayer jueves se realizó la audiencia de formalización de un joven de 24 años, de nacionalidad venezolana, que estaría implicado en éste.

Las cifras de fiscalía entre 2016 y 2021 muestran un alza explosiva entre 2020 y el año pasado del delito de homicidio consumado en la zona norte del país. En ese periodo de tiempo, en la Región de Arica y Parinacota aumentó un 125%; en Antofagasta, un 179%, y la cifra menos alentadora es la de la región de Tarapacá, donde hubo un aumento de 240% en esos cinco años. Si en 2020 en la zona se registraron 86 homicidios, en 2021 estos llegaron a 187, más que duplicándose en doce meses.

Fiscales y autoridades de las regiones hacen un balance de las causas que han provocado el aumento de este delito y el carácter de su ejecución. Todos concluyen que la principal causa está en una frontera “permisiva”, que facilita el ingreso de bandas y armas.

Así lo confirmó recientemente el Observatorio de Homicidios que realizó la Fiscalía Nacional, donde el fiscal nacional, Jorge Abbott, afirmó que “algunos antecedentes dicen relación con la presencia de algunos carteles en Chile que están generando conductas graves, por ejemplo, en el secuestro de Iquique hay involucradas personas extranjeras con una forma desconocida para nosotros. Cuando estas organizaciones comienzan a operar en un país es difícil poder desarticularlas”, dijo.

En la Región de Arica y Parinacota, entre 2016 y 2021 hubo 93 casos de homicidio consumado, con un aumento estadísticamente significativo entre 2020 -cuando fueron 16- y 2021, cuando hubo 27. El fiscal de la zona, Mario Carrera, dice que es una situación de preocupación, tanto para las policías como para la comunidad. “Reestructuramos las unidades (…). Nosotros asumimos que hay peleas entre distintas bandas, sea por territorio o por lugares para cometer ilícitos”, afirma.

Carrera asegura que este tipo de delitos y cómo se provocan las muertes tienen relación con el ingreso de bandas criminales extranjeras. “Tenemos mucha prevalencia de armas de fuego y, además, tenemos una prevalencia de ciudadanos extranjeros. Tanto en calidad de imputados como en calidad de víctimas”, sostiene.

Por su parte, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola (PL), dice que la principal dificultad para controlar la situación es “una falta de seguridad en la frontera, porque si hoy tenemos un exceso de migración que se desplaza o que ingresa a Arica o que sale de la ciudad, eso es signo de que tenemos una frontera muy permisiva y que pone en riesgo a la población”, se lamenta.

El fiscal de la zona agrega una característica vinculada a este delito. “Generalmente tenemos un homicidio y luego viene una seguidilla de los mismos, o sea, terminamos relacionándolos, porque suele ser uno en respuesta del otro”, indica.

En la Región de Tarapacá, en tanto, los casos de homicidios consumados aumentaron significativamente en los últimos años. Si en 2020 se consignaron 18, el año pasado estos saltaron a 51. Es decir, hubo un alza de 240%. Según los datos de la fiscalía local, el homicidio de Murúa Páez -quien murió tras ser secuestrado- es el quinto en lo que va de este nuevo año.

“El homicidio en sí mismo es un resultante de muchos factores (…); estamos hablando de situaciones mucho más graves que vienen con toda una situación detrás, que demuestra que la criminalidad va aumentando y todo ello en un marco general que es propio de una zona fronteriza”, sostiene el fiscal de la región, Raúl Arancibia.

La autoridad asegura que la falta de control en los pasos no habilitados es el factor que más incide en el ingreso de bandas criminales, “todo eso va creando esta especie de tormenta perfecta, donde ha ido aumentando la criminalidad”. Arancibia agrega que tanto el tráfico de drogas como el ingreso ilegal de armas aumentaron en los últimos años, lo que lleva a que se generen con mayor facilidad los homicidios por ajuste de cuentas.

El fiscal de la zona afirma que advirtió de este complejo panorama a las autoridades del Ministerio del Interior -tanto a las actuales como a las del anterior gobierno de Michelle Bachelet-, y que para controlarlo se necesitan mayores recursos. “Hay que controlar con una mirada multidisciplinaria, modificando la forma de actuar. O sea, entender que hoy se requiere otro tipo de análisis. No en lo inmediato, sino que una mirada general, porque es un fenómeno delictual que se está produciendo”, explica.

La jornada del domingo 14 de noviembre pasado tuvo un amplio movimiento policial para la comuna de Calama, Región de Antofagasta, luego de que se registrara un homicidio y al menos tres balaceras que dejaron ocho heridos durante el fin de semana. Conforme a las primeras investigaciones, en la muerte de la víctima se habría utilizado un arma de fuego.

La situación anterior no sería algo fuera de lo común en la Región de Antofagasta, según su gobernador Ricardo Díaz. “La violencia es cada vez más fuerte. Por las características todo nos indica que son bandas rivales, y en su mayoría, siempre hay extranjeros involucrados”, dice la autoridad.

Según los datos del Ministerio Público, en 2020 hubo 52 homicidios, cifra que se disparó en 2021, año en que se registraron 109. Esto implica un aumento de 179%.

Para el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez (ind), junto con los homicidios “se ha registrado un incremento en el uso de armas de fuego. Se han desbaratado bandas que se dedican a modificar armas de fuego, las que están vinculadas a organizaciones de drogas”, dice.

Díaz relata que se está trabajando en conjunto con las policías y la fiscalía para poder adaptar el tipo de control del delito. “Por todos los antecedentes, tanto la conexión de drogas, armas y muertes, creemos que estamos frente a delitos de bandas organizadas”, sostiene.