A las pesquisas por el ataque contra la central hidroeléctrica Rucalhue en Santa Bárbara, en el Biobío, que monitorea la fiscal regional de esa zona, Marcela Cartagena, ahora se suma un nuevo desafío judicial. Y es que fuentes del Ministerio Público aseguran que la investigadora ya está en condiciones de formalizar la investigación por la desaparición de la lancha “Bruma” y sus siete tripulantes.

Para esto fue determinante un peritaje desarrollado por el Laboratorio de Criminalística de la PDI. Los detectives, especialistas en este tipo de pesquisas, llegaron a la conclusión de que la madrugada del 30 de marzo, en medio de labores de pesca de bacalao, los artesanales fueron embestidos por un barco de mayor envergadura, el “Cobra”, perteneciente a la empresa Blumar.

Quienes conocen de las diligencias desarrolladas en las costas de Coronel indican que los peritos dejaron en su informe establecido, el cual es analizado por Cartagena y su equipo, que durante esa madrugada a eso de las 3:00 a.m. “hubo contacto entre ambas embarcaciones”. Esto último en base a que hallazgos materiales que estaban en la cubierta del “Cobra” son coincidentes con el revestimiento de la lancha “Bruma”.

Lo que aún no está claro para la fiscal Cartagena es si existió algún tipo de maniobras por parte de los tripulantes de la nave mayor para ocultar la colisión, por lo que por el momento solo se baraja formalizar a los responsables por cuasidelito de homicidio.

Una de las situaciones que han complejizado la imputación de cargos por parte del Ministerio Público es el suicidio de uno de los trabajadores de Blumar, Juan Sanhueza, quien antes de ir a declarar ante la PDI desapareció, siendo encontrado sin vida a los pocos días. El tema, dicen fuentes consultadas, es que la noche de trágico hecho el malogrado pescador realizaba labores de vigía y es la persona que pudo advertir la presencia en la ruta del “Bruma” o el posterior choque.

Y es que esto último no es baladí. Ya que Cartagena está convidada a determinar también si la tripulación del “Cobra” se dio cuenta de lo ocurrido y no prestó el auxilio correspondiente como lo exige la ley.

El vuelco

Sin embargo, durante la tarde de este martes el abogado del PAM “Cobra”, Alejandro Espinoza, se refirió públicamente a la hipótesis que hasta ahora solo había sido sostenida por las familias de los pescadores desaparecidos. Lo hizo al entregar al Ministerio Público un informe que, por primera vez desde el entorno del barco industrial, reconoce la posibilidad de un impacto entre ambas embarcaciones.

El documento —encargado por la empresa Blumar a la firma especializada Cunlogan— sitúa al “Cobra” a solo 72 metros de la última ubicación conocida del “Bruma”, a las 3:07 de la madrugada del 30 de marzo. Esa proximidad, tanto temporal como geográfica, junto con el hallazgo de restos compatibles con otra embarcación en el casco del “Cobra”, refuerza la tesis de un contacto físico. Además, el análisis contradice la versión inicial que situaba la última transmisión del “Bruma” a las 2:00 a.m., ya que se detectó una señal activa hasta las 3:08, minutos antes de desaparecer definitivamente.

Pese a este reconocimiento, Espinoza advirtió que una eventual colisión no implica automáticamente responsabilidad penal de la tripulación. Según argumentó, todos los sistemas de navegación del “Cobra” estaban operativos, y los radares no habrían detectado a la lancha artesanal. Además, sostuvo que la “Bruma” no habría reportado su ubicación a la autoridad marítima ni a otras embarcaciones en la zona, lo que, a su juicio, también debe ser considerado en la investigación.

En ese contexto, el “Cobra sera trasladado a dique seco para una inspección estructural más exhaustiva por la orden de la Fiscalía el viernes 2 de mayo. Ahí, la embarcación será llevada a los Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR), donde la Policía de Investigaciones (PDI) podrá efectuar nuevos peritajes.

Una solicitud que ha sido respaldada tanto por las familias de los pescadores desaparecidos como por la propia empresa Blumar. En paralelo, el Juzgado de Garantía de Coronel autorizó prorrogar por 60 días la prohibición de zarpe y la custodia del barco por parte de la Armada de Chile. El buque ya se encontraba incautado desde hacía 20 días, y la medida busca facilitar el desarrollo de las diligencias aún pendientes.

Durante más de dos semanas la Armada y la comunidad desplegaron un amplio operativo de búsqueda, mientras el gobierno presentó una querella criminal por homicidio con dolo eventual, apuntando a una posible omisión de auxilio tras el presunto choque. El 15 de abril, tras 17 días sin resultados, se dio por concluida oficialmente la búsqueda. Hasta ahora no se ha logrado encontrar a ninguno de los siete tripulantes del “Bruma”.

Con los nuevos antecedentes aportados por la defensa del “Cobra”, la investigación entra en una fase decisiva. La Fiscalía deberá establecer si hubo efectivamente una colisión, si ambas embarcaciones cumplieron con sus deberes de navegación y, sobre todo, si la tripulación del barco industrial actuó conforme a la normativa marítima en lo relativo a la obligación de auxilio.

Hasta altas horas de la noche de ayer las familias permanecían reunidas con el abogado que los representa, Rafael Poblete, para delinear una acción conjunta, y si bien se entregarían declaraciones al mediodía de este miércoles, hasta el cierre de esta edición todavía no referían a los nuevos antecedentes.

Desde la vereda de las familias, el abogado Rafael Poblete cuestionó duramente la estrategia comunicacional de la empresa Blumar, asegurando que ha entregado “una verdad por capítulos” que ha ido cambiando con el tiempo.

“Primero dijeron que no sintieron nada. Luego, que escucharon un ruido. Después, que pudieron haber chocado con una embarcación ya náufraga. Y ahora reconocen que hubo colisión. ¿Cuál es la verdad?”, sostuvo. Para Poblete, este cambio progresivo de versiones da cuenta de un posible “pacto de silencio” entre los tripulantes del Cobra. “Hay 17 que pueden hablar. Y uno que ya no puede defenderse porque se suicidó”, enfatizó.

El abogado también criticó el informe entregado por la defensa del Cobra, que, según él, intenta trasladar la responsabilidad del accidente a los desaparecidos. “Es una estrategia muy cuestionable echarle la culpa a quienes no pueden hablar para defenderse”, dijo. Además, confirmó que la Fiscalía Nacional dispuso los recursos para trasladar el barco Cobra a dique seco, tal como solicitaban las familias. “Es una buena noticia para la búsqueda de la verdad”.