Finalmente, se concretó una de las dos reuniones que el Ministerio de Justicia tenía agendadas para avanzar en el diálogo con los comuneros que están en huelga de hambre. Con la negativa a participar de los voceros de los reos de Angol -Sergio Levinao, Víctor Llanquileo, Sinecio Huenchullan, Daniel Canio, Juan Queipul, Freddy Marileo y Juan Calbucoy-, el ministro de Justicia, Hernán Larraín; el subsecretario de la cartera, Sebastián Valenzuela, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, se reunieron el viernes con cuatro representantes del machi Celestino Córdova, preso en la cárcel de Temuco por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay, ocurrido en 2013.
En encuentro se efectuó mediante la aplicación Zoom. A las 9.30 horas las autoridades de Justicia se saludaron con los representantes de Córdova, en una reunión que duró casi dos horas. Los comuneros comenzaron planteando la necesidad de mejorar las condiciones intrapenitenciarias para los internos indígenas.
Trascendió que no hubo ninguna petición concreta para bajar la huelga, sino más bien propuestas para incorporar al reglamento penitenciario. Sin embargo, sí se habría subrayado el llamado de los ancestros que tiene el machi Celestino de ir a su rewe (lugar sagrado de su comunidad), pero se les indicó que el ministerio no podía disponer de eso.
Según explicó el ministro Larraín, “se refirieron en términos generales al problema de la normativa penitenciaria, que no recoge la situación que afecta a los pueblos originarios. Nos hicieron propuestas concretas para incorporar en el reglamento penitenciario, teniendo en consideración convenios internacionales como el 169 de la OIT. Y sobre esta base, que se permita a quienes están cumpliendo penas y pertenezcan a pueblos originarios desarrollar su cosmovisión y costumbres”.
En cuanto a la huelga del comunero, Larraín señaló que “no se llegó a una solución”, pero “queremos seguir avanzando para que lo antes posible se pueda deponer (…). Tenemos el compromiso de cuidar la vida y la salud de las personas que están en huelga de hambre, de todos los que están en el sistema penitenciario. Vamos a hacer lo posible para que el machi y todos los que están en huelga la depongan, para cuidar su salud”.
Comuneros
Desde la vereda contraria, la valoración de la reunión fue distinta. Cristina Romo, vocera de Córdova, sostuvo que “fue una reunión sobre los diálogos interculturales, que es la cuarta que se realiza. Pudimos presentarle la propuesta al ministro a cabalidad, recoger todas las inquietudes y las recomendaciones, que hace mucho tiempo venimos trabajando; eso fue en concreto lo que hoy día (ayer) se trabajó”.
Sobre la huelga de hambre advirtió que “no hay nada, pese a que estamos en el día 96. Valoramos el avance que se ha tenido durante esta huelga, pero es mínimo en relación al Convenio 169”.
Los huelguistas han solicitado que el cumplimiento de las condenas de los comuneros sea distinto del resto de la población penal. Que exista un espacio diferente; incluso, que el cumplimiento de las penas sean en las comunidades.
Este punto es uno de los más complejos para avanzar en las negociaciones. El gobierno ha dicho que no debatirá sobre el cumplimiento de sentencias dictadas por los tribunales.
Diálogo con Angol
Las autoridades de Justicia esperaron hasta el último momento que los representantes de los huelguistas de la Cárcel de Angol aceptaran la invitación a la reunión.
El encuentro estaba fijado para las 11.00 horas. Sin embargo, durante la noche del jueves, los representantes de siete comuneros presos en ese penal anunciaron su negativa.
El ministro Larraín indicó que la posibilidad de conversar con los voceros de estos huelguistas sigue en pie. “Insistiremos en espacios de diálogo con la finalidad de asegurar, a través del diálogo, la solución a esta huelga de hambre y avanzar también en que quienes tienen que cumplir penas y pertenezcan a pueblos originarios entiendan que el régimen penitenciario les da una oportunidad de continuar con sus costumbres, cosmovisión, su medicina y sanación particular, sin perjuicio de asimilarse en lo que corresponde al cumplimiento a las penas a las que estén condenados, como cualquier otra persona privada de libertad en el país”, dijo.
