Acusaciones de vulneraciones a principios del Ministerio Público, irregularidades en la tramitación y dificultades de acceso de la información de la Operación Huracán, críticas "abusivas" de los fiscales al gobierno y el presunto uso de información reservada por parte de un persecutor para elaborar una querella en contra de carabineros. Estos temas son los que planteó el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, hoy en un oficio de cuatro páginas que le envió al fiscal nacional, Jorge Abbott, en que le pidió, "en términos respetuosos y convenientes, que dentro de sus facultades legales adopte medidas" en relación al actuar de los fiscales de La Araucanía, en el marco de este caso.
El primer punto que esgrimió Aleuy fue que hubo una "inusitada respuesta de determinados fiscales" a la decisión del Ministerio del Interior a oponerse al cierre de la investigación, la que fue decretada el 25 de enero por el Ministerio Público tras una presunta manipulación de pruebas contenidas en informes de Inteligencia de Carabineros.
"En los hechos, y de un modo impropio, imputaron una defensa del gobierno a Carabineros de Chile, como si las infracciones penales y administrativas presuntamente cometidas por algunos funcionarios de dicha institución hubieran estado en conocimiento del suscrito, lo que es absolutamente falso", señala el oficio.
El subsecretario agregó que el Ejecutivo no tiene facultades para impartir instrucciones operativas a la policía. Luego de esto, Aleuy continúa con una serie de puntos referentes a cuestionamientos a los persecutores de La Araucanía que participaron en los alegatos por el cierre de la Operación Huracán. "El fiscal Felipe González, con el objetivo de evitar que se acogiera una solicitud de reapertura realizada por la parte querellante, señaló que esta fue 'negligente', por cuanto jamás había solicitado copia de la carpeta, ni tampoco había mostrado interés de la misma. Estas afirmaciones no son sólo inadecuadas y abusivas, sino que constituyen una vulneración del deber de probidad especial", dice el oficio. Agregan que, además, los fiscales contravinieron instrucciones generales del Ministerio Público al pedir que se excluyera de la audiencia al Ministerio del Interior, las que indicaban que no corresponde a los persecutores impugnar la intervención de órganos estatales. Además, acusó que se usó el secreto de la investigación "más allá de los objetivos" de asegurar la eficacia de las indagatorias. "En este caso se usó para ocultar la existencia de irregularidades ocurridas en la misma (causa). Concretamente, se ocultó una presunta violación de secreto cometida al interior de la propia fiscalía y, además, una presunta adulteración de informes periciales cometida por funcionarios de Carabineros", manifiesta el documento.
También cuestionó que abrieron 10 causas paralelas, que cerraran el caso sin que llegaran 23 diligencias pendientes y acusó que la investigación fue cerrada cuando estaba bajo secreto, lo que generó una afectación de sus derechos.
Sin embargo, el mayor cuestionamiento se refiere a la información de la querella que presentó el fiscal Luis Arroyo, quien acusó que los informes de inteligencia que daban cuenta de filtraciones desde el Ministerio Público tenían información falsa. "En la redacción (de la querella) utilizó información que sólo pudo obtener en razón de su cargo como fiscal jefe de Alta Complejidad. Con la conducta desplegada, infringió gravemente su deber de guardar reserva en relación a los antecedentes conocidos en el ejercicio de su función pública", dice el documento.
Desde el Ministerio Público señalaron que están preparando una respuesta a Interior, y que se les hará llegar mediante un oficio de carácter formal, en que se responderán todos los puntos advertidos por el gobierno. Además, fuentes del ente persecutor indicaron que el fiscal Arroyo conoció los antecedentes del caso, los cuales sustentó en su querella, tras ser notificado de la imputación (en una causa abierta por presunta filtraciones) por la vía que le corresponde a cualquier ciudadano. En la fiscalía se descarta que él haya tomado conocimiento de la indagatoria por otro medio, sino que lo hizo sólo como imputado en la causa.
Para el diputado Leonardo Soto (PS), presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, "el gobierno es bastante incoherente al simplemente mandar una carta. Debió haber presentado una denuncia ante el sistema judicial o pedir la remoción del fiscal de La Araucanía ante la Corte Suprema. Esto simplemente revela su frustración por no poder resolver esta disputa", dijo.
En tanto, el diputado RN Gonzalo Fuenzalida dijo que "comparto los argumentos del subsecretario Aleuy en este caso. La fiscalía no ha actuado con la debida precisión jurídica. Debe existir mayor celo en custodiar la información. Porque si hubo pruebas alteradas que pusieron en jaque la investigación, a quien le corresponde cautelar esta prueba es a la fiscalía".
