Nuevos antecedentes se conocieron del inédito allanamiento a la casa del fiscal de Rancagua, Sergio Moya, en el marco de las diligencias por la presunta implantación de evidencia en la fallida Operación Huracán.

En esta, personal de Inteligencia de Carabineros detuvo a ocho comuneros mapuches en septiembre de 2017, acusándolos de ser los autores de una serie de atentados en La Araucanía. Para esto, exhibieron como prueba supuestos mensajes que habrían sido interceptados con la aplicación "Antorcha". Sin embargo, la investigación del Ministerio Público determinó que existían irregularidades en esta evidencia y el caso experimentó un vuelco, con lo cual los entonces efectivos policiales se convirtieron en los imputados.

A comienzos del año pasado, horas antes de que se hicieran públicas estas irregularidades, Moya se reunió con personal de Carabineros para, según su testimonio, conversar sobre los alcances de "Antorcha".

Sin embargo, todo se precipitó el 19 de abril pasado. Ese día, Moya denunció a su superior, el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, de presuntas faltas en la tramitación de una serie de causas. Como respuesta, Arias presentó un supuesto correo electrónico entre Moya y el exoficial de Carabineros Patricio Marín, en el cual el persecutor le daba instrucciones sobre cómo elaborar un informe de Inteligencia que después sería presentado al Ministerio Público.

En forma paralela, la abogada Marisa Navarrete -que defiende al excarabinero de Inteligencia Leonardo Osses y es pareja de Arias- le hizo llegar al fiscal regional de Aysén, y quien lidera la investigación por la Operación Huracán, Carlos Palma, este mismo correo electrónico.

Con estos nuevos antecedentes sobre la mesa, el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantía de Temuco allanar la casa de Moya el pasado 7 de mayo. Al día siguiente, la diligencia se concretó.

Recurso de protección

El 21 de mayo vino la respuesta del fiscal de Rancagua, quien presentó un recurso de protección contra Palma en la Corte de Apelaciones de O'Higgins. Ahí, Moya acusó que nadie le exhibió la orden judicial que autorizaba el allanamiento.

Por este motivo, el tribunal de alzada ofició al Juzgado de Garantía de Temuco la constancia de la autorización, documento que llegó a Rancagua a fines de la semana pasada. En este escrito quedan expuestos los argumentos del Ministerio Público para solicitar el allanamiento a uno de sus fiscales.

Ahí se indica que el 7 de mayo se conoció el correo entre Moya y Marín. "Dicho correo revelaría que el fiscal Moya Domke tendría (conocimiento) de las actividades ilícitas desarrolladas por imputados en esta investigación, punto sobre el cual este ha declarado en dos ocasiones sin señalar en ninguna de estas tal comunicación, obstruyendo con esto gravemente la investigación".

Además, el documento del Juzgado de Garantía de Temuco señala que "cabe destacar que Sergio Moya Domke, en un principio, accedió voluntariamente a la práctica de la diligencia en cuestión, sin embargo, una vez realizada, se negó a firmar todas las actas respectivas".

Todas estas solicitudes de diligencias, según queda constancia en el escrito del Poder Judicial, fueron requeridas por el persecutor Raúl Espinoza, quien forma parte del equipo que lidera Carlos Palma.

Aún falta que la PDI y el fiscal de Aysén envíen sus descargos a la Corte de Apelaciones de Rancagua. Con esto, el tribunal de alzada decidirá si el allanamiento fue o no irregular.