Tomar declaración a víctimas, establecer los patrimonios de los imputados, así como sus redes familiares y de amistad, fueron parte de las 27 diligencias que la Fiscalía de La Araucanía pidió a la unidad de Inteligencia de Carabineros de la IX Región. Esta solicitud fue realizada el pasado 13 de noviembre en el marco de la llamada Operación Huracán, cuando el Ministerio Público investigaba a ocho personas por su presunta participación en una serie de atentados incendiarios que habían ocurrido en el sur del país.
La semana pasada, la fiscalía decidió que no continuaría con esta indagatoria, tras haber detectado presuntas irregularidades en las pruebas aportadas por la policía uniformada. Estas trataban, principalmente, de interceptaciones de conversaciones de WhatsApp y Telegram de los teléfonos de los imputados. Esto valió que el Ministerio Público iniciara una investigación que tiene el foco puesto en nueve efectivos de Carabineros.
En noviembre pasado, no obstante, el objetivo de la fiscalía era otro. El persecutor Felipe González buscaba recabar antecedentes que permitieran llevar a juicio a los detenidos de la Operación Huracán. Así, emitió la orden de investigar 933/2017, cuyo destinatario era el entonces coronel Marcelo Teuber, jefe de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada. La respuesta de Carabineros llegó cerca de un mes después. En ella se respondieron tres de las 27 diligencias, quedando un total de 24 pesquisas sin resultados.
De esta manera, quedaron sin respuesta órdenes como "determinar si existen o no los presupuestos fácticos, respecto a posible existencia de asociación ilícita, indagando respecto al origen de la misma, permanencia en el tiempo, antecedentes de sus fines y principios en los cuales se sustenta". Otro asunto que quedó sin una conclusión fue "determinar si existen otras posibles organizaciones destinadas a cometer delitos o que se hayan atribuido la comisión de delitos relacionados a la violencia rural en la Región de La Araucanía, distintas a la asociación ilícita principal".
Tampoco vio la luz "indicar los ilícitos en los cuales los imputados en la presente investigación han tenido calidad de imputados", así como "individualizar y tomar declaración a las víctimas de los hechos vinculados a la asociación ilícita investigada y de los demás hechos delictuales vinculados a la violencia rural, ocurridos en la región durante los años 2016 y 2017".
El oficio, que tiene cuatro carillas, también solicita "realizar levantamiento patrimonial de las que pudieren encontrarse en calidad de imputados de la presente causa, determinando eventuales fuentes de financiamiento".
En esta línea, el fiscal González quiso determinar "la posible existencia de financiamiento a través del cultivo, producción, tráfico y comercialización de drogas de cualquier tipo".
Respuesta
Carabineros respondió a los puntos 2, 3 y 4 de la orden de investigar, en los que se pedía aclarar la estructura de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Weichan Auka Mapu (CAM) y Resistencia Mapuche Malleco (RMM). Esto, porque los ocho detenidos serían parte de las cúpulas de estas organizaciones.
En este oficio, personal de Inteligencia manifestó la importancia de Héctor Llaitul al interior de la CAM, así como del liderazgo que tiene Fidel Tranamil en WAM.
Lo que el fiscal González pensó de la respuesta de Carabineros quedó en evidencia en el documento de la semana pasada enviado al Juzgado de Garantía de Temuco, en que daba a conocer su decisión de no perseverar. Ahí el persecutor indicó que esto "da cuenta de la desidia y desprolijidad en el trabajo investigativo por parte de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros".
La policía uniformada, consultada al respecto, dijo que "no nos referimos al tema por estar judicializado".
