Tras participar esta semana en una de las sesiones del Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, se enteró del ingreso a Contraloría del reglamento elaborado por el gobierno de Sebastián Piñera para aplicar ley que despenaliza el aborto en tres causales, que -entre otras materias- regula la objeción de conciencia institucional.
A la distancia, la timonel gremialista activó inmediatamente la revisión jurídica del documento, que estará a cargo de dos abogados cercanos a la directiva. ¿El objetivo? Dirimir sobre los argumentos necesarios para recurrir ante el Tribunal Constitucional, en el entendido de que -a su juicio- el reglamento vulnera el derecho de las instituciones privadas a declararse objetoras de conciencia en caso de mantener convenios con el Estado en prestaciones relativas a ginecología y obstetricia.
"Estamos estudiando el reglamento, porque creemos que a pesar de que el gobierno lo redactó sin margen para hacer algo distinto, este atenta contra la objeción de conciencia", dijo a La Tercera Van Rysselberghe. "Hemos pedido a algunos abogados constitucionalistas que evalúen el reglamento de manera de poder estudiar si atenta contra la objeción de conciencia, porque el Tribunal Constitucional ya dijo que la objeción era un derecho", añadió la senadora.
Desde hace semanas que en la UDI se instaló la idea de recurrir al organismo, diligencia para la que necesitan el patrocinio de 39 diputados u 11 senadores. De hecho, desde la directiva aseguran que el gobierno está al tanto de esta intención.
En su momento, dirigentes gremialistas le solicitaron que la redacción del nuevo reglamento se ajustara "al pie de la letra" a la objeción planteada en mayo pasado por Contraloría al protocolo elaborado por el ministro de Salud, Emilio Santelices, pues así, a juicio de ellos, se haría más evidente la inconstitucionalidad de lo establecido por la entidad comandada por Jorge Bermúdez.
"Creemos que el contralor se equivocó en el dictamen, el gobierno ha tenido que ajustar su reglamento a lo que ha señalado la Contraloría, pero no por eso nosotros creemos que restringir la objeción de conciencia sea algo legítimo", sostuvo hoy el jefe de bancada de diputados de la UDI, Javier Macaya, quien subrayó que, de concretarse la acción, no será "en contra del gobierno", sino reprochando el actuar de Contraloría.
Cautela en RN y Evópoli
El planteamiento de la UDI, sin embargo, no genera consenso al interior de Chile Vamos.
"En mi opinión, antes de recurrir al TC es necesario medir el impacto de la vulneración de derechos que podría eventualmente suscitarse por parte de aquellas instituciones objetoras de conciencia hacia las mujeres", sostuvo hoy el jefe de bancada, Leopoldo Pérez. "Aquí sí se recoge el fallo del TC, aquí no se les está prohibiendo a las instituciones que quieran optar por la objeción de conciencia institucional que lo hagan", añadió Pérez, quien de todos modos aseguró que su partido debe discutir qué postura adoptará sobre el tema.
Una posición similar planteó el secretario general, Felipe Cisternas. Consultado, sin embargo, por su postura personal, señaló en CNN Chile que "no iría" al TC. "Considero que hay una combinación adecuada entre el pronunciamiento de la Contraloría y el del Tribunal Constitucional", dijo.
Desde Evópoli, en tanto, su presidente, Hernán Larraín Matte, manifestó su apoyo a la redacción del documento realizada por el gobierno. "Evópoli respalda el reglamento presentado por el gobierno. Cumple con proteger los tres principios centrales en cuestión: el ejercicio de la objeción de conciencia, la autonomía de las instituciones y el derecho de las mujeres de ejercer el derecho de invocar la ley que despenaliza el aborto en tres causales", sostuvo. Sobre la opción de ir al TC que levanta la UDI, señaló que "en una primera evaluación, Evópoli no está por recurrir al Tribunal Constitucional".
