I+D+i: los nuevos fondos para investigación de las universidades chilenas comienzan con $ 2 mil millones de presupuesto

Fue en enero de 2022, en la inauguración del Congreso Futuro, que el entonces presidente electo Gabriel Boric comprometió el 1% del PIB de Chile para destinarlo a ciencia. Casi dos años después y de cara al Presupuesto 2024, el Ejecutivo propuso en la Partida 30 del Ministerio de Ciencias un nuevo programa, identificado como Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología y que estaría a cargo de la Subsecretaría de Ciencias. Ahí quedaba establecido que se podrían transferir recursos a las universidades públicas y privadas acreditadas para el financiamiento de una propuesta de desarrollo de investigación, con pertinencia regional o nacional, conforme con un reglamento que para estos efectos debía dictar la cartera.

Y así, el 28 de agosto recién pasados la Contraloría tomó razón -con alcances- del reglamento del Programa Estructural I+D+i Universitario, la nueva forma de financiamiento a cargo del ministerio.

“Esta entidad de control ha dado curso al documento del rubro, que aprueba el reglamento (...) Sin perjuicio de lo anterior, cumple con hacer presente que los convenios de transferencia de que trata el texto reglamentario en análisis, sólo podrán celebrarse en la medida que se creen las respectivas asignaciones presupuestarias que contemplen los fondos para tal efecto”, se lee en la toma de razón de Contraloría. La comunicación formal sobre estos fondos de parte del Ejecutivo se producirá una vez que ahora se publique en el Diario Oficial.

Pero desde ya se pueden adelantar los detalles de ese reglamento, establecidos en un documento de seis páginas y diez artículos, los que resumidamente explican que el objeto de los recursos es “apoyar a las universidades públicas y privadas en la generación, mantención y gestión de las capacidades de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i), para fortalecer su contribución al desarrollo regional y nacional, permitiendo el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en el territorio nacional desde una perspectiva integral de desarrollo económico y socio-cultural”, estableciendo que no podrán financiar gastos de operación o permanentes de las instituciones suscriptoras de convenios.

Pero, ¿a quién va dirigido? Las beneficiarias son las universidades públicas o privadas que tengan acreditación vigente, y su selección se realizará bajo concurso público con dos líneas de participación -fondos-, donde el criterio de años de acreditación determinará el fondo al que cada universidad deberá presentar su propuesta. El primero -‘Fondo I+D+i Universitario Territorial’ (FIUT)-, considera a las universidades con acreditación entre tres y cinco años, y tiene el objetivo de “potenciar la contribución de las universidades al desarrollo territorial y los procesos de descentralización, mediante el financiamiento de capacidades de I+D+i, incluyendo su respectiva gestión y gobernanza institucional”.

El otro es el ‘Fondo I+D+i Universitario Frontera (FIUF)’, destinado a universidades con acreditación entre seis y siete años, y tiene como finalidad potenciar la contribución al desarrollo nacional, a través del apoyo y fortalecimiento de capacidades de I+D+i, que logren dar respuestas a misiones complejas con enfoque estratégico nacional, inter y transdisciplinario, en temas pertinentes a los desafíos país. “Se entenderá por I+D+i de frontera aquel conocimiento, innovación y sus resultados asociados que sean novedosos, disruptivos, y con potencial de impacto a nivel nacional e internacional”, se señala.

Además, se establece que para la implementación de ambos fondos dentro de sus lineamientos se deberán considerar las condiciones laborales del equipo responsable de la ejecución, la perspectiva de género, la colaboración y asesoramiento de las universidades beneficiarias y su incidencia en políticas públicas. Para postular, cada institución deberá adjuntar, entre otras cosas, una individualización del equipo responsable.

Incluso, para favorecer la asociatividad en ambos fondos las instituciones podrán conformar consorcios de hasta tres universidades y cada consorcio podrá incluir hasta una institución que no posea acreditación en investigación. Adicionalmente los gobiernos regionales podrán cofinanciar el programa en sus distintas etapas para universidades de su territorio.

¿Quién y cómo se evalúa? “Cada propuesta será evaluada por al menos dos evaluadores externos a la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI)”, se lee en el reglamento. Dentro de los indicadores a ponderar se considerará de cada universidad, entre otras cosas, el número de programas de posgrado acreditados, el número de académicos con doctorado en jornada completa, o el número de publicaciones Web of Science.

Luego de todo eso el Comité de Adjudicación (conformado por representantes de las subsecretarías de Ciencia, Educación Superior, Economía y Empresas de Menor Tamaño, y de Desarrollo Regional y Administrativo) propondrá la selección de las propuestas para cada fondo.

Una vez suscrito el convenio se transferirán los recursos en una o más cuotas según el programa de caja anual de cada institución y acorde con la disponibilidad presupuestaria de la Subsecretaría de CTCI y de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.

El monto inicial para todo este programa es de 2 mil millones de pesos, asignados en la Ley de Presupuestos 2024, lo que garantiza, acorde al Ministerio de Ciencias, un mínimo de $ 100.000.000 a las universidades seleccionadas, con posibles reajustes según los indicadores de ejecución y disponibilidad presupuestaria.

Asimismo, el dinero para cada fondo no está preestablecido porque la proporción dependerá de cuántas universidades postulen en cada categoría, de la calidad de los proyectos que presenten y, para la segunda etapa, de la capacidad de ejecución de fondos públicos que tenga cada universidad. A la cartera, eso sí, le gustaría que la proporción fuera de entre el 60% y el 65% para FIU Territorial, y el 35% y el 40% para FIU Frontera.

“Se inicia así el proceso para asegurar fondos permanentes para que la investigación más relevante para las regiones (temas territoriales) y el mundo (temas de frontera) dejen de financiarse proyecto a proyecto, sino creando capacidades basales y que permanecen. Con este nuevo fondo, Chile da un nuevo paso hacia el desarrollo porque es mediante la investigación que los países avanzan. El gobierno cumple este compromiso adquirido en la cuenta pública del 2023 y pavimenta el camino hacia un 1% de inversión en I+D”, dice al respecto la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry.