En medio del complejo escenario que vive la Iglesia Católica, una denuncia amenaza con seguir agitando las aguas. Se trata del caso de C. B., actualmente mayor de edad, quien asegura que, junto con otras dos personas, habría sido abusado por el excapellán castrense Pedro Quiroz, entre 2003 y 2004. Y en su relación de hechos, ya presentada a la fiscalía, sostiene que hubo tres prelados que supieron del caso: Santiago Silva, obispo castrense; Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo, y Pedro Ossandón, obispo auxiliar de Santiago y designado por el Papa Francisco como administrador apostólico de Valparaíso, en reemplazo de Gonzalo Duarte.
En el caso de los dos últimos, es la primera vez que, al menos públicamente, su nombre aparece mencionado en una indagatoria penal, en calidad de testigos.
Fue en la tarde del pasado 20 de julio, a las 15.30 horas, cuando C. B., llegó hasta la Fiscalía Nacional a denunciar los supuestos abusos de Quiroz y cómo estos quedaron sin sanción tras una investigación del Obispado Castrense. Aquella diligencia la hizo tras una entrevista con el sacerdote David Albornoz, de la Oficina de Escuchas de la Conferencia Episcopal, quien le recomendó acudir a la fiscalía.
Según un documento al que tuvo acceso La Tercera, C.B. aseguró que en 2015 él denunció a Quiroz ante la Iglesia por los eventuales delitos cometidos contra su persona a los "18 y 19 años, cuando el imputado se desempeñaba como sacerdote de la Parroquia San Gregorio, actual San Mateo", y también por los presuntos abusos contra otros dos acólitos, en las parroquias de San Mateo y Madre de Dios, ambas de San Joaquín.
El documento agrega que el denunciante se dirigió a la Oficina Pastoral de Denuncias (Opade) del Arzobispado de Santiago, donde se instruyó una investigación a cargo del sacerdote Jaime Ortiz de Lazcano, recién designado administrador apostólico de San Felipe.
Los hechos habrían sido considerados verosímiles por Ortiz de Lazcano, quien se declaró incompetente, porque el denunciado pertenecía a la Fach, por lo cual todos los antecedentes se remitieron al Obispado Castrense. En esa instancia, el otrora titular de aquella instancia, Pablo Lizama, quedó a cargo de la investigación, en la cual -dice el documento del Ministerio Público- se estimó que "no hay antecedentes suficientes y no establece sanción". Según declaró la víctima, esto consta en el decreto N°58/2017 del Obispado Castrense. La misma denuncia indica que los hechos fueron conocidos por "el sacerdote Pedro Salgado, el obispo castrense Santiago Silva, el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, y el obispo Pedro Ossandón".
Trascendió que los últimos tres ya declararon ante la Fiscalía Sur en calidad de testigos. Mientras que Pablo Lizama y Pedro Quiroz lo hicieron en calidad de imputados, el primero ante la Fiscalía Sur y el segundo ante el persecutor regional de Rancagua, Emiliano Arias, quien seguirá con la causa.
Consultado por La Tercera sobre el rol que tuvo en la denuncia, el obispo Juan Ignacio González señaló que "yo tuve que hacer un informe, ni siquiera como obispo, sino que como abogado canonista". Este informe se lo encargó el Tribunal Eclesiástico. Sobre el proceso, destacó que "lo que se hizo en su momento, y que yo conocí, estuvo muy bien hecho, conforme a las normas de la Iglesia".
