Iglesia chilena ante casos de abusos: "Hemos fallado como pastores"

"Queremos reconocer humildemente que hemos fallado a nuestro deber de pastores, al no escuchar, creer, atender o acompañar a las víctimas de graves pecados e injusticias cometidos por sacerdotes y religiosos". A través de un documento de cuatro páginas, los obispos de la Conferencia Episcopal (Cech) se refirieron a la crisis que aqueja a la Iglesia Católica, tras concluir la 116ª Asamblea Plenaria extraordinaria, en Punta de Tralca.

Al final del encuentro, el presidente de la Conferencia Episcopal y obispo castrense, Santiago Silva, junto al secretario general y administrador apostólico de Rancagua, obispo Fernando Ramos, leyeron un comunicado en el cual las diócesis del país reconocieron que "a veces no reaccionamos a tiempo ante los dolorosos abusos sexuales, de poder y autoridad, y por ello pedimos perdón a las víctimas y sobrevivientes".

Esta es una nueva petición de perdón de autoridades de la Iglesia a víctimas de abusos. La primera provino del mismo Papa Francisco, en enero pasado, durante su visita a Chile.

Los obispos comunicaron también varias directrices para abordar la crisis eclesial. Entre ellas, según lo declarado en el comunicado, manifestaron la "plena voluntad de colaborar con el Ministerio Público en la entrega de los antecedentes sobre abuso sexual a menores de edad, resguardando los nombres de denunciantes y víctimas que expresamente soliciten reserva de su identidad". En este punto, anteriormente la Iglesia tenía conflicto con la entrega de antecedentes, por no querer romper confidencialidad de las víctimas.

Consultado por la voluntariedad de denunciar, el obispo Ramos señaló que "se está analizando un convenio con la fiscalía, de manera de tener un traspaso fluido de información, que deje conforme a la Iglesia, de acuerdo a nuestra normativa, como también a los requerimientos del Ministerio Público. Eso se está conversando y una vez que se tenga sancionado el texto por ambas instituciones se dará a conocer".

Santiago Silva añadió que "hay una absoluta disposición para colaborar con la fiscalía. Con ese piso estamos haciendo el convenio".

Otra de las directrices que los obispos decidieron en la asamblea es otorgar nuevas atribuciones al Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas.

En el organismo, que antes era presidido por el ex obispo de Rancagua, Alejandro Goic (y que tras su renuncia asumió de forma interina el prelado Juan Ignacio González, de San Bernardo), se nombró a la laica y abogada Ana María Celis a la cabeza.

Dentro de las nuevas facultades que tendrá el Consejo, según comunicó el Episcopado, se dará seguimiento a la implementación de las líneas de las diócesis, habrá recepción de denuncias, acompañamiento, medidas de prevención y formación de agentes pastorales. También "se recabará información actualizada sobre la cantidad de investigaciones previas y procesos penales en curso", lo que le asigna a este ente una cuota de "fiscalización" que antes no tenía.

Otro aspecto nuevo es que se creó un Departamento de Prevención de Abusos, entidad que deberá "ejecutar las orientaciones del Consejo Nacional" y que estará facultada para recibir denuncias sobre abusos, además de las instancias propias de cada diócesis. Igualmente, se informó que se publicará en el sitio web iglesia.cl/prevenirabusos los "nombres de clérigos con sentencias definitivas, civiles y canónicas por abusos a menores de edad". Esta información había sido retirada en septiembre de 2016.

El presidente de la Cech sentenció: "No son las únicas iniciativas. Vienen algunas de corto plazo pero también hay de largo plazo. Estas son las puntuales, para poder dar una respuesta y comenzar a solucionar los graves problemas de la crisis que estamos viviendo".

Para el abogado de la Fundación Voces Católicas, Alejandro Alvarez, "las medidas comunicadas son muy potentes y positivas, como la relativa al Ministerio Público y las facultades canónicas para recibir las denuncias. No son solo buenas palabras, sino que hay acciones concretas".

Ausencia del concepto de "encubrimiento"

Si bien organizaciones como la Fundación Voces Católicas destacaron las decisiones y compromisos declarados por el Episcopado, hubo un aspecto central, en medio de las denuncias de abusos, frente al cual no hubo mención por parte de los obispos. De hecho, se trata del motivo por el cual el arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, se mantiene en la mira, luego de que el fiscal de O'Higgins, Emiliano Arias, lo citara a declarar como imputado: los eventuales casos de encubrimiento de abusos a menores.

También es un eventual delito que se indaga penalmente en otras diócesis.

Frente a ello, Juan Carlos Cruz, víctima y denunciante de Karadima, dijo que "lamentablemente no son ellos (obispos) los que pueden o deben hacerse cargo de la solución. Tienen que dar un paso al costado. La mayoría está en una situación precaria ante la justicia y han demostrado una verdadera inoperancia".

El vocero de la Asamblea de Laicos y Laicas de Santiago, Roberto Sánchez, concuerda con la opinión de Cruz. "Siguen llamando a los delitos como pecados y faltas graves. No hacen mención en su responsabilidad como encubridores de hechos que fueron ocasionados por sacerdotes".

"Voluntad", no "obligación" de denunciar a la fiscalía

Los obispos de la Conferencia Episcopal declararon "plena voluntad" de colaborar con el Ministerio Público en la entrega de antecedentes por denuncias de abuso sexual en contra de menores, y que aquello se incluirá dentro de un anexo en las normas que rigen a todas las diócesis, a través de la guía "Cuidado y Esperanza". La acción sigue sin ser obligatoria, y ese punto ha sido materia de debate.

El obispo de San Bernardo y miembro del Consejo de Prevención de Abusos, Juan Ignacio González, confirmó que "la ley no establece obligación a nosotros, pero queremos entregar el máximo de información, en vista de los resguardos a los menores amenazados en su dignidad como persona. Hay personas que quieren que sus nombres permanezcan bajo reserva. Por eso, hay detalles que tenemos que ajustar en una situación en la cual tanto la fiscalía, como nosotros y los denunciantes quedemos satisfechos de que se va respetar la integridad de todos".

Juan Carlos Claret, vocero de los Laicos de Osorno, expresó su reticencia. "No creo que de quienes son la crisis vaya a venir la solución. ¿Cómo podemos volver a confiar en ellos, si ellos, los obispos, son la crisis?".

"Conferencia Episcopal pidió el Informe Scicluna

Fuentes de la Iglesia señalaron a La Tercera que la Conferencia Episcopal ya envió una solicitud al Vaticano para poder acceder al Informe Scicluna, el documento confidencial del Papa Francisco, redactado por el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, que contiene más de 2.300 páginas y 64 entrevistas a víctimas y denunciantes de eventuales abusos cometidos por sacerdotes y consagrados en diócesis de Chile.

El tema cobra especial relevancia, ya que la legitimidad que adquirió aquel documento lo han convertido en una especie de "guía maestra" de los abusos de clérigos y personas consagradas en el país, al punto de que el Ministerio Público también inició los trámites -en la Cancillería- para acceder a sus testimonios.

En las conclusiones de la asamblea plenaria, sin embargo, no se hizo ninguna alusión al documento en sí mismo, ni a la reciente visita de la Misión Scicluna-Bertomeu a Santiago y Osorno. En cambio, se recogieron diferentes frases del Pontífice sobre la crisis chilena: "Poner a Jesús en el centro" y "mirar de frente, asumir y sufrir el conflicto", fueron algunas. La que no se repitió fue la fórmula de que se siente "dolor y vergüenza", acuñada por Francisco ante los abusos.