Antes de entrar al fondo del proyecto de ley de eutanasia, aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 17 de diciembre con un respaldo transversal, y que busca permitir a una persona que, cumpliendo ciertas condiciones estrictamente establecidas, decida y solicite asistencia médica para morir; el rector Ignacio Sánchez (59) cuestiona el momento en que se produce esta discusión.

“Me parece incongruente y chocante estar discutiendo una ley de eutanasia en plena pandemia, donde nuestros profesionales de la salud, diariamente, hacen todos los esfuerzos posibles para lograr la sobrevida de tantos pacientes que se encuentran graves”.

Sánchez afirma que el nombre del proyecto de ley -Muerte digna y cuidados paliativos- es engañoso. “Muerte digna no es sinónimo de eutanasia, que es lo que busca esta iniciativa, porque todos queremos tener una muerte digna, es decir, sin dolor, con acompañamiento de nuestros seres queridos, en tranquilidad y en la que podamos prepararnos para ese momento. Y la segunda parte del título de la iniciativa nos lleva a concluir que el proyecto asegurará cuidados paliativos a los enfermos terminales, es decir, evitar el dolor y acompañarlo desde un punto de vista psicológico, médico y espiritual. Y eso no es así”, advierte.

Este proyecto ha sido presentado por su impulsor, el diputado Vlado Mirosevic, como un triunfo de los sectores más liberales del Parlamento por sobre los conservadores. ¿Qué opina?

Ser liberal significa valorar la autonomía y que cada persona pueda tomar sus decisiones sin imponerlas a los demás, pero también significa ser generoso y no estar atado a bienes materiales. Y yo creo que la respuesta del Estado, de ser aprobado este proyecto de eutanasia, no es generosa, es retrógrada y lo menos liberal que hay. Por ejemplo, esta ley no considera a un paciente que está hoy en Loncoche con un cáncer terminal y que en su área geográfica de atención de salud no existe un adecuado medicamento para el dolor, no existe un médico especialista ni un adecuado sicólogo para atenderlo y escucharlo. Entonces, por supuesto, su familia que lo ve sufrir tanto, piensa en que ojalá se pudiera tomar otra decisión... Pero, ¿usted cree que esa decisión que están tomando hoy es libre?

¿El Estado no asegura hoy en nuestro país a una persona tener cuidados paliativos ante una enfermedad terminal?

Solo en las patologías oncológicas, es decir cáncer, a menos que tengas los recursos para pagarlos. Pero qué pasa con pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas del sistema nervioso, qué pasa con pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares terminales, qué pasa con pacientes con enfermedades respiratorias terminales. Todos ellos no tienen hoy acceso a tratamientos paliativos sin un alto costo.

¿Cuál es su propuesta?

Los cuidados paliativos no pueden depender del bolsillo de las personas, por lo tanto, hay que legislar para que, independientemente de las patologías, los cuidados paliativos estén abiertos y disponibles para todas las personas con una enfermedad terminal. Las enfermedades terminales están estandarizadas, se sabe cuáles son y su tiempo de atención es básicamente entre seis y nueve meses previo al fallecimiento. Nosotros en la Universidad Católica desde hace tres años tenemos una formación de cuidados paliativos para nuestros estudiantes y médicos internistas, hacemos investigación y todos los años -este año fue virtual-; hacemos seminarios y congresos sobre este tema, que atrae entre 400 y 500 profesionales. Es decir, el tema de cuidados paliativos es conocido en el mundo y hay suficiente conocimiento para implementarlo en Chile antes de proponer una ley de eutanasia.

El proyecto de ley sí específica bien una serie de condiciones para pedir la eutanasia...

Sí, las condiciones son estrictas, pero hay varios elementos que en otros países hemos aprendido que se producen. Por ejemplo, la presión que tiene un paciente que posee las condiciones para pedir la eutanasia, pero voluntariamente no quiere. Si nota que su familia quiere, puede tener cierta tendencia a aceptarla contra su voluntad... Así hay muchas situaciones complejas en una ley de eutanasia que, por lo demás, existe en no más de ocho países en el mundo. Estoy convencido de que si en nuestro país se aseguraran los cuidados paliativos, probablemente ese número del 70% de apoyo que arrojan las encuestas en favor de la eutanasia caería de manera muy significativa. Y si no caen, bueno, tendremos que tener la discusión y acatar la democracia.

Si estuvieran aseguradas las atenciones paliativas, ¿se abriría a apoyar una ley de eutanasia?

Yo no estoy de acuerdo con una ley de eutanasia. Ahora si se concreta una ley en Chile que incluyera cuidados paliativos, también debiera incluir la clara posibilidad de la objeción de conciencia, no solo del médico, sino que de todos los profesionales que tendrían que actuar...

Esta ley incluye la objeción de conciencia.

Parcialmente. Solo habla del acto médico, pero qué pasa con la enfermera, el tecnólogo, los tens y todo el equipo involucrado. Otra cosa que debería quedar claramente establecida es el ideario institucional. Al igual que el aborto, las personas deben saber que, en determinados centros médicos del país, no se va a tomar ninguna resolución que acelere un fallecimiento bajo ninguna circunstancia.

En otro tema rector, ¿la pandemia ha impactado financieramente a las universidades?

En muchas instituciones del país muchos estudiantes congelaron o se retiraron de sus carreras. Por ejemplo, nosotros teníamos 500 estudiantes de los 26.000 que habitualmente congelaban y este año fueron 1.000, pero eso todavía es un número menor. Pero en algunas instituciones congeló el 10% de sus estudiantes, lo que ya es muy serio. La causa del congelamiento no fue que no pudieran pagar, porque eso está cubierto, la causa es que tenían que trabajar para mantener y aportar en sus casas.

Finalmente, ¿usted ha cuestionado la decisión de Corfo sobre la adjudicación del millonario proyecto del Instituto de Tecnologías Limpias, en Antofagasta, a un consorcio de ues estadounidenses y privadas chilenas?

Corfo está poniendo en riesgo una mirada de futuro de la ciencia en el país. Son diez años de trabajo, US$ 200 millones, y lo más lógico es que se invirtieran aquí. Nosotros, junto a las mejores universidades del país, dos universidades de Antofagasta y el apoyo de varios centros extranjeros, presentamos una propuesta sólida. Y nos enteramos por terceros que el 24 de diciembre el gobierno le otorgó el proyecto a un grupo de universidades norteamericanas asociadas a las universidades Autónoma, San Sebastián y UDD. Vamos a ir a Contraloría y al Parlamento.