Desde que empezó la crisis social el 18 de octubre pasado, el último mes ha estado marcado por actos vandálicos y altas cifras de detenidos por saqueos y desmanes a la propiedad pública y privada. De hecho, el lunes 21 de octubre fue el día con más arrestados en Santiago del que se tenga recuerdo por jueces, fiscales y defensores: llegaron al Centro de Justicia y a los tribunales de San Miguel 682 personas en calidad de imputados por delitos relacionados al estallido. Luego, el 13 de noviembre, el Ministerio de Interior se querelló por 91 hechos violentos registrados en el país el día anterior.
Pese a esta situación, según estadísticas de Gendarmería, el número de personas que ha ingresado a las cárceles en Chile durante l crisis social ha disminuido en comparación al mismo periodo del año pasado. Entre el 18 de octubre y 18 de noviembre de 2019 han entrado 2.521 imputados a penales de Chile y en el mismo periodo de 2018 fueron 2.871, lo que significa una disminución de un 12%. Y entre el 18 de octubre y el 18 de noviembre de 2017 ingresaron 3.339 imputados a prisión, lo que equivale un 26% menos que el mismo periodo de este año.
De acuerdo a las cifras de ese periodo y segregado por día, solo el 21 y 22 de octubre (cuando más se registraron detenidos en a nivel nacional) y entre el 12 y el 14 de noviembre, el número de ingresos de imputados creció en comparación al mismo mes del año pasado. De hecho, el 21 de octubre se decretaron 184 prisiones preventivas, un 84% más que el 21 de octubre de 2018 (64 casos).
¿Cómo se puede explicar que menos personas estén ingresando a la cárcel en un mes marcado por un alto número de detenidos por presuntos actos vandálicos?
El ministro Lamberto Cisternas, vocero de la Corte Suprema, explicó que hay diversos motivos que podrían estar incidiendo en este resultado. "Yo entiendo que un factor que tiene que influir es la circunstancias de que la gente llevada a control y formalizada no es tanto por delitos comunes, sino por situaciones motivadas del problema de las manifestaciones y líos callejeros, etc... Entonces no son cuestiones mayores que ameriten prisión preventiva", explicó.
Consultado si puede estar bajando el nivel del trabajo preventivo de las policías, el vocero de la Corte Suprema señaló que "en alguna medida sí, porque están estos otros elementos que podríamos decir o llamarlos de alguna manera distractores, que está concentrado por lo menos en los Carabineros mucho en estas cuestiones de tipo callejero, violentas, etc. y no tanto en la persecución penal de los delitos que además pasan desapercibidos, por decirlo así, frente a la situación general. En cambio, en una situación normal la concentración es más en delitos y esos ilícitos suelen tener aparejado a una pena que lleva a que las personas queden en prisión preventiva".
En la misma línea, el fiscal nacional, Jorge Abbott, dijo en el Congreso que "entre 18 y 28 octubre aumentó delito de robo en lugar habitado y bajaron delitos de tráfico de drogas, hurtos, por que las personas han mutado hacia participar en estos hechos que han afectado a grandes y también pequeños establecimientos de comercios que se han visto afectados".
En tanto, respecto a qué factores podrían incidir en la baja de prisiones preventivas, jefe del Departamento de Estudios de la Defensoría Penal Pública, Rubén Romero, explicó que "para entender la diferencia en esta cifra, es importante analizar el cambio en la tipología de delitos que se presentan habitualmente, ya que durante el período se registró un alto número de ingresos por desórdenes públicos, faltas y daños simples, que normalmente no reciben condenas con penas privativas de libertad".
Medidas penitenciarias
El coronel Eduardo Muñoz, inspector operativo de Gendamería, explicó que desde que se inició la crisis se han tomado medidas especiales. "La primera instrucción que se impartió desde la contingencia que estamos viviendo fue sostener la operación de los recintos penitenciarios. En ese sentido, garantizar la autonomía operativa de los recintos, los suministros y aumentar dotaciones con refuerzos de personal que cumplían labores en puestos especiales que no están en el trato directo con la población penal. Todo ese personal pasó a reforzar a los funcionarios que cumplen labores operativas, para poder garantizar la operación de los recintos penitenciarios", señaló Muñoz.
También indicó que se habilitó un módulo en Santiago 1. "Como medida preventiva y dada la especial condición en la Región Metropolitana, que alberga la mayor cantidad de población a nivel nacional, en el sistema penitenciario estamos hablando sobre 16 mil privados de libertad, nosotros habilitamos un módulo en el establecimiento penitenciario Santiago 1 para recibir imputados especialmente en esta contingencia, que fue el módulo 14 y no hemos tenido inconveniente con relación al ingreso y a la clasificación o segmentación de la población penal", aseguró el coronel.
