Hasta hace algunos días, todo indicaba que las autoridades chilenas tendrían una actividad más que realizar en su visita a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Sin embargo, una decisión anunciada por la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, el martes pasado provocó la preocupación de distintas organizaciones civiles y de la oposición: la decisión del gobierno de restarse de la firma del Acuerdo de Escazú, al cual hoy 14 países de América Latina suscribieron.
Las negociaciones fueron iniciadas en 2012 por Chile y Costa Rica y establecían el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en la región.
La determinación tomada por el Ejecutivo generó críticas, justo en medio de la crisis medioambiental que continúa afectado a las comunas de Quintero y Puchuncaví, en la Región de Valparaíso, y de que, además, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aprobara las tronaduras en Mina Invierno, ex Isla Riesco, en Magallanes.
En una conferencia de prensa realizada hoy, el senador Alfonso de Urresti manifestó que se trata de una decisión "inadmisible". "Creo que Chile no solo pierde una oportunidad, si no que el Estado de Chile y sus instituciones quedan totalmente desacreditadas a nivel internacional y creo que en eso la Cancillería tiene que dar una explicación", dijo.
El director ejecutivo de la ONG Fima, Ezio Costa, expresó que se trata de algo "profundamente preocupante, sobre todo frente a la contingencia en la que nos encontramos, donde los conflictos socio-ambientales son una de las preocupaciones principales que se debiera tener".
Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona, indicó que la situación en la quinta región demuestra la importancia del acuerdo, y que "si bien no tiene un efecto inmediato en la zona, sí es un acuerdo que permite ir construyendo más democracia, justicia ambiental y no discriminación que es lo que hoy día vemos en las zonas de sacrificio".
Al respecto, la titular de Medio Ambiente, expresó en su cuenta de Twitter, que la postergación de la firma del Acuerdo de Escazú fue solicitada por Cancillería a la espera del análisis de los mecanismos de resolución de conflictos con implicancias internacionales.
"La postergación no pone en duda los compromisos medioambientales. Nuestra legislación nacional cumple plenamente con lo estipulado en el Acuerdo de Escazú, por lo que la postergación de la firma no implica merma alguna en los derechos de acceso ambiental en Chile", aseguró.
