"Es como si yo (un fiscal) fuera un traficante de drogas e investigo causas de tráfico de drogas. Evidentemente favorecería a narcotraficantes con los que podría estar vinculado. Esa fue una de las razones de la incautación de todo el material que requisé en dependencias de la Iglesia y en la Oficina Pastoral de Denuncias (Opade), en la Región Metropolitana", detalló el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias.

De esta forma el persecutor explicaba, el pasado 13 de julio, la diligencia que permitió al Ministerio Público acceder a los antecedentes que la Iglesia Católica mantenía sobre casos de abuso sexual cometidos por religiosos.

En paralelo, esta diligencia ordenada por el fiscal Arias y ejecutada por el OS-9 de Carabineros permitió encontrar evidencias para formalizar al excanciller del Arzobispado, Óscar Muñoz, quien se mantiene en prisión preventiva tras ser imputado de abuso sexual y estupro que afectó a cinco víctimas menores de edad.

Según fuentes vinculadas con esta investigación penal, producto de esta diligencia clave llegaron a manos de la Fiscalía de O'Higgins las identidades de, al menos, 40 víctimas de delitos cometidos por religiosos. La cifra, que aún está en etapa de análisis por parte de los investigadores, detectó a menores y mayores de edad que optaron por denunciar sus casos a la Iglesia Católica y no a la justicia civil.

De esta forma, y tras la decisión del fiscal nacional, Jorge Abbott, de nombrar a fiscales preferentes en cada región para investigar estos casos, se espera que los antecedentes recabados por el fiscal Arias sean traspasados a otras reparticiones del ente persecutor, a fin de perseguir penalmente a los responsables de estos casos.

Dentro de los antecedentes que está indagando la Fiscalía de O'Higgins se encuentran "todas las denuncias de procesos por abusos sexuales contra menores de edad, desde 2007 a la fecha", detalló el fiscal Arias tras concretar la diligencia en el mes de junio.

En paralelo a estos antecedentes, la policía también se encuentra analizando los archivos incautados desde las oficinas del Arzobispado de Santiago, el Tribunal Eclesiástico y, asimismo, de la casa del excanciller Óscar Muñoz, a fin de determinar si existen nuevas víctimas.