A las 12.30 de hoy, un equipo del OS-9 de Carabineros y de la Fiscalía de O'Higgins ingresó al Obispado Castrense, en la comuna de Providencia. Así, se concretó la tercera jornada de allanamientos que han realizado estos investigadores a una sede eclesiástica, en el marco de las diligencias en que se indagan presuntos abusos sexuales a menores por parte de miembros de la Iglesia Católica en Santiago y Rancagua.
La autorización de la medida intrusiva fue obtenida a las 10.50 por parte del fiscal de Rancagua, Sergio Moya, persecutor que se comunicó con el juez Luis Barría para obtener el permiso.
El magistrado, según el documento al que accedió La Tercera, permitió la entrada, registro e incautación "de todas las denuncias, investigaciones, antecedentes y sus anexos, cualquiera sea el formato de respaldo, que se hubiesen iniciado por hechos que constituirían delitos que afectaran la integridad e indemnidad sexual de menores de edad a la fecha de comisión de los hechos contra o por funcionarios del Ejército, conscriptos o terceros, o por dependientes del Obispado Castrense".
El escrito, además, establece que "se autoriza la incautación y registro de todas las piezas de las investigaciones, tanto aquellas de carácter de denuncias, de investigaciones previas, así como las investigaciones que hubieran sido puestas en conocimiento de la Congregación Para la Doctrina de la Fe, sea que se encuentren en expedientes de papel o en soporte digital".
Barría, además, estableció que podían llevarse la información en cualquier formato, incluyendo desde cajas fuerte hasta los mismos servidores de correos electrónicos.
Obligación de denunciar
El fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, fue informado a la distancia de los avances de la diligencia. En terreno estuvo el persecutor de La Araucanía, Miguel Ángel Velásquez, quien se sumó al equipo de fiscales que apoya la labor de Arias.
Según informó el Ministerio Público, lo que se buscó fueron antecedentes de posibles denuncias e investigaciones previas relacionadas con abusos sexuales que hayan recibido los obispos castrenses y saber si cumplieron con su rol de ponerlas a disposición de la justicia penal.
Según Velásquez, "el Obispado Castrense es un organismo del Estado, forma parte de las Fuerzas Armadas y de Orden, y en definitiva, todo funcionario público en el ejercicio de sus funciones que toma conocimiento de un hecho que reviste las características de crimen, simple delito o falta, está obligado a denunciar".
Fuentes del caso indicaron que, de esta forma, la fiscalía centra su atención en los últimos cuatro obispos castrenses. El fiscal aseguró que "estamos primero haciendo el inventario de todas las especies que se encuentran en el interior, qué carpetas estamos encontrando y luego vamos a poder ir haciendo las determinaciones temporales para ver si los elementos que se recogen son de la época en la cual el obispo castrense era el actual (Santiago Silva), Juan Barros, Pablo Lizama, Gonzalo Duarte y así para atrás". Según informó La Tercera PM, los llamados a denunciar son los titulares religiosos del mundo uniformado, cargo que desde 2015 ostenta el presidente de la Conferencia Episcopal, Santiago Silva, quien tiene el grado de general de Brigada de Ejército y cuenta con una remuneración bruta mensual de cargo fiscal de $ 4.091.671.
Los sacerdotes que cumplen labores con Silva son también considerados como parte del Ejército y reciben salarios y beneficios de acuerdo a su rango. Así, por ejemplo, el vicario general, Claudio Verdugo Cavieres, es mayor de Ejército con un sueldo bruto de $ 2.205.184.
El antecesor de Silva fue el obispo emérito de Osorno, Juan Barros, quien ocupó el cargo entre 2004 y 2015 y es sindicado por las víctimas de Fernando Karadima como presunto encubridor de los abusos del expárroco de El Bosque.
La diligencia apuntaría a recabar más antecedentes sobre un posible encubrimiento de los delitos sexuales cometidos por el excanciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz, formalizado por abuso sexual y estupro.
Contactos
Dos días antes del allanamiento de hoy y por tratarse de un recinto militar, la fiscalía realizó diversas gestiones para concretar la incautación de documentos.
El subsecretario para las FF.AA., Juan Francisco Galli, explicó que "el comandante en jefe del Ejército le comunicó y pidió autorización para proceder al ministro de Defensa, Alberto Espina, quien dio la autorización y, además, instruyó que se colaborara de la mejor manera con el éxito de la investigación".
De hecho, durante la diligencia también estuvieron presentes el fiscal militar Pablo Aguirre y un ministro de fe del Tribunal Castrense.
Silva, consultado el miércoles por esta indagatoria, indicó que "estamos dispuestos a colaborar en todo lo que se requiera".
