Los hechos de violencia en el Instituto Nacional se vienen repitiendo desde abril. Pero lo ocurrido ayer fue, a juicio de la dirección del colegio, un punto de inflexión: un grupo de encapuchados incendió una sala de inspectores usando bombas molotov, poniendo en grave peligro a los funcionarios y sumando otro episodio a la crisis del plantel.
Los desórdenes comenzaron cerca de las 10 de la mañana, cuando una decena de encapuchados salió a calle Arturo Prat a enfrentarse con carabineros. Al lanzar bombas, la policía ingresó al colegio y detuvo a dos jóvenes de 3° medio, portando productos incendiarios.
Pero otro grupo de jóvenes, con sus caras cubiertas, subió al segundo piso y lanzó bombas a la oficina de la inspectoría general, un despacho de madera que comenzó a arder, lo que desató la alarma en el colegio y obligó a que cinco compañías de bomberos acudieran a apagar las llamas.
Las actividades fueron suspendidas de inmediato: los ensayos PSU de 4° medio, la preparación para el Simce de 2° medio y la inauguración de una feria de salud mental para los jóvenes de 3° medio quedaron en nada, mientras los inspectores intentaban aplacar el incendio con extintores y mangueras, y los bomberos luchaban por ingresar en medio de la evacuación masiva de alumnos.
Como resultado, la inspectoría general quedó calcinada y otros seis inspectores perdieron sus escritorios de trabajo por el agua. Se calcula que los daños son cercanos a los $50 millones, pero lo más grave fue el impacto de este hecho de violencia en la comunidad.
La directora del Instituto Nacional, Lilí Orell, dijo que ayer "fuimos sobrepasados, lo reconozco, porque ningún director está en condiciones de atender el incendio de un espacio físico, con estudiantes en el interior. Tenemos que buscar instancias de seguridad".
Orell lleva un mes y medio a cargo del liceo, pero este es el segundo incidente de este tipo que le toca vivir. El viernes pasado, un grupo de encapuchados intentó quemar su oficina, con ella adentro, pero no lo lograron porque la directora pidió ayuda. Y el miércoles pasado encapuchados ya había intentado quemar la inspectoría.
Pero el equipo pedagógico no está preparado para estos incidentes. "No puedo pedirle a un inspector o a un paradocente que se pare frente a una persona que tiene una bomba molotov en la mano y que lo frene o se la quite", agregó la directora, quien explica que ante la presencia de encapuchados la orden de los funcionarios es no provocarlos.
Ataque a inspectores
Entre los alumnos también hay preocupación. Rodrigo Pérez, presidente del Centro de Estudiantes, condenó el ataque y dijo que "no sabemos quién está detrás. Esperamos que la justicia encuentre a los responsables del incendio".
Según explica, los inspectores son objeto del ataque de los encapuchados porque estos funcionarios tienen que notificar y ejecutar los procesos de expulsión de la Ley Aula Segura. "Estas personas tienen un discurso contra el modelo neoliberal, y por más que compartamos la lectura de las desigualdades del modelo, no compartimos que se ataque a la comunidad y a nuestra propia clase social", dijo.
Pero este no fue el único incidente de la jornada. También en la mañana, la PDI detuvo a tres jóvenes del Liceo de Aplicación que en sus mochilas llevaban botellas, gasolina y un esmeril angular. La ministra de Educación, Marcela Cubillos, pidió apoyar a las policías para que descubran "qué tipo de organizaciones financian este nivel de violencia".
Respecto de la posibilidad de designar un fiscal preferente, Xavier Armendáriz, fiscal regional Centro Norte, señaló que "las investigaciones están a cargo de dos fiscales jefe. No es conveniente para el Ministerio Público ni necesario para las investigaciones el designar un fiscal exclusivo. Nuestro papel es la persecución penal y nuestra obligación es investigar; se ha hecho en este caso y en cualquier otro".
