A solo seis días para un nuevo 11 de septiembre, donde se cumplirán 50 años del Golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet, el gobierno del Presidente Gabriel Boric presentó una agenda legislativa en Derechos Humanos que incluye iniciativas para avanzar en materias como verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición.
La presentación de la batería de proyectos de ley había sido confirmada ayer por la vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC). Y así fue como pasada las 8.30 horas, el ministro Álvaro Elizalde (Segpres), Luis Cordero (Justicia) y Carolina Arredondo (Culturas) se reunieron con agrupaciones de DD.HH. y parlamentarios para informar sobre la agenda legislativa del gobierno, ad portas de la conmemoración de las cinco décadas del Golpe militar.
La presentación del proyecto tuvo lugar en el Parque Cultural Valparaíso -emplazado en el sitio de memoria Casa de Pólvora y ex Cárcel Pública de Valparaíso- y además contó con la presencia de la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos, y del subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano Molina
El punto central de la agenda -según informaron los ministros Cordero y Elizalde- es la posibilidad de levantar el secreto de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que presidió el fallecido obispo Sergio Valech.
La idea -según expresaron los ministros- es lograr congeniar la reserva con la que víctimas dieron su testimonio personal con el interés judicial de lograr más información. La alternativa sería una fórmula en la que los antecedentes sean liberados como antecedentes para los tribunales siempre que exista consentimiento de la víctima o de sus herederos.
“Son las víctimas las que deciden lo que se hace con esa información. De hecho, en la actualidad pueden requerir su carpeta con todos sus testimonios y adicionalmente los tribunales de Justicia han requerido información que sea relevante para las investigaciones que están llevando adelante. Al mismo tiempo, nos parece que el análisis global de toda la información contenida en la Comisión Valech, pudiera entregar antecedentes adicionales en el marco del Plan Nacional de Búsqueda para conocer el paradero de los detenidos desaparecidos”, explicó Elizalde.
De esta forma, se busca establecer una modificación legal con el objeto de contar con una “herramienta adicional” que contribuya al Plan Nacional de Búsqueda, para que pueda acceder la información contenida en los informes, al igual como lo tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH.)
En todo caso, aclaró Elizalde, si una víctima se opone al levantamiento de secreto o reserva, se deberá respetar la decisión de la víctima.
“Lo primera es habilitar esa norma para que el Plan Nacional de Búsqueda tenga el mismo acceso a esa información que tiene el INDH, y para ver si en esa información hay aspectos relevantes de las trayectorias de personas detenidas desaparecidas. La finalidad es cumplir con uno de los objetivos del plan y es trazar las trayectorias de cada una de las personas detenidas y hecha desaparecer, de modo que esa información pueda ser revelada en el evento en que se encuentren hallazgos relevantes previo consentimiento de las víctimas o sus herederos”, complementó el titular de Justicia, Luis Cordero.
El domingo, el Presidente dijo que “lo que nosotros estamos planeando es que se ponga a disposición Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia toda la información que permita conocer la verdad y la trayectoria de los detenidos desaparecidos”. “A nadie que haya prestado testimonio que quiera mantener ese testimonio en confidencialidad se le va a obligar o presionar para levantar ese secreto”, aseguró Boric.
La agenda legislativa en Derechos Humanos
En cuanto al resto de los proyectos contenidos en la agenda, el ministro Elizalde aclaró que comprenderán cinco ejes o materias específicas, y se tratará de proyectos que están en actual tramitación -a los cuales se les presentará urgencia e indicaciones, según corresponda- y nuevas iniciativas de ley que serán enviadas al Congreso para su tramitación.
En ese sentido, el ministro Segpres enumeró así la batería de proyectos: “En primer lugar, la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada; en segundo lugar la tipificación de los delitos de desaparición forzada y ejecución extralegal; en tercer lugar el levantamiento para el plan Nacional de Búsqueda del secreto de la información contenida en la Comisión Valech; en cuarto lugar un plan de memoria y patrimonio y, por último, la eliminación de restricción de información que existe respecto de las leyes que fueron dictadas bajo carácter secreto o reservado o de circulación restringida”.
En cuanto al primer proyecto, el gobierno presentará urgencia e indicaciones al proyecto de ley sobre calificación jurídica de ausente por desaparición forzada. De esta modo, se creará esa calificación jurídica y además se buscará levantar un registro especial denominado “De las personas ausentes por desaparición forzada”, que será administrado por el Registro Civil.
En segundo lugar, se buscará tipificar los delitos de desaparición forzada y ejecución extralegal. Para ello, se agruparán distintas mociones presentadas sobre la materia y a través de esas iniciativas se apuntará a cumplir con la obligación adquirida por el Estado de Chile, en el marco de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Comisión Internacional para todas las Personas contra Desaparición Forzada.
Además, se impulsará un proyecto para crear el Plan Nacional de Memoria y Patrimonio, para lo cual se a establecerá una mesa técnica y diálogos con distintas organizaciones de Derechos Humanos. “Con el objeto de escuchar sus miradas, que nos permitan tener un marco jurídico que no solo se refiera a sitios memoriales, sino que también a cómo preservamos un patrimonio cultural de conjunto de la sociedad chilena, que permita sentar las bases para un nunca más”, reseñó Elizalde.
Por último, explicó el expresidente del Senado, se eliminará “la restricción para un conjunto de leyes que fueron dictadas bajo carácter de secreto reservado o de circulación restringida, las llamadas leyes secretas, y por tanto, vamos a poner fin a estas leyes secretas y al desconocimiento que existe por parte de la opinión pública y de la ciudadanía respecto de su contenido”.
