Una ceremonia de acreditación de víctimas de violaciones a los derechos humanos, en el marco de la crisis social originada en las protestas del 18 de octubre de 2019, realizó la mañana de este viernes el Instituto Nacional de Derechos Humanos. De forma simbólica, se firmó la documentación de siete personas que participaron de la actividad y que solicitaron al organismo acreditar su condición.
La certificación es uno de los requisitos para postular a beneficios estipulados por la Glosa 12, en la partida 50, Capítulo 1 de la actual Ley de Presupuesto.
Estas son las primeras personas que acredita el INDH como víctimas para que puedan acceder a una compensación económica o pensión de gracia.
La información respecto a la glosa había sido divulgada por el sitio Documenta.labot.cl en un reportaje en el que se detallaba que $ 52.500 millones fueron destinados este año para jubilaciones y pensiones de gracia a víctimas. En julio pasado el INDH emitió un oficio al Ministerio del Interior y Seguridad Pública solicitando detalles.
El director nacional del INDH Sergio Micco explicó en la ceremonia de este mediodía que el organismo “no fue informado, muchísimo menos consultado cuando los poderes colegisladores en diciembre del año pasado, en la Ley de Presupuesto, tomaron la decisión de conceder un beneficio, a través del Ministerio del Interior”.
“Si nos hubiesen informado y consultado hubiéramos dicho que no. Una mala forma de tomar decisiones que debieran nacer a plena luz del día, una política pública que no tiene nada que ver con la reparación integral que ustedes merecen, como acreedores de un deber que el Estado hasta el día de hoy no resuelve”, afirmó en la actividad que contó con la participación de los consejeros Yerko Ljubetic y Cristián Pertuzé.
Igualmente Sergio Micco valoró la acreditación como “un muy pequeño paso pero que establece en definitiva que efectivamente hay acá una responsabilidad civil que se tiene que empezar a saldar”.
Desde el organismo sostienen que las eventuales indemnizaciones distan de una política pública de reparación integral, que es demandada por el INDH. En esa línea, plantean que para lograrlo, dicha normativa debiera cumplir estándares de sistematicidad, integralidad, permanencia y suficiencia de recursos.
Por otro lado, Micco resaltó que al formalizarse esta acreditación, de acuerdo a las disposiciones que se establecieron en la norma presupuestaria, se acaba el debate sobre la existencia de violaciones a los derechos fundamentales de personas en la crisis social del 18/O.
“Tomamos esta decisión porque hay un debate que algunos siguen manteniendo. Que en Chile no se va a saber si hubo violaciones a los derechos humanos si los tribunales de justicia así no lo sentencian, que no va a haber reparaciones civiles mientras los tribunales de justicia así lo decretan, que no va a haber responsabilidades políticas mientras los tribunales de justicia no digan que hubo violaciones a los derechos humanos”, expuso.
Detallando que “casi un centenar de personas que nos han pedido acreditación”, el director del INDH sostuvo que con el proceso “con esta acreditación, este debate de si hay víctimas de violaciones a los derechos humanos, que algunos órganos del Estado aún plantean, se acabó”.
“Acá la autoridad democrática de Chile, el Congreso, nos ha dicho ‘ustedes pueden acreditar que hay víctimas de violaciones a los derechos humanos’. Y eso es lo que hoy día vamos a iniciar. Vamos a decirle al país entero que se acabó el debate, que no es necesario que haya sentencias judiciales para que se acredite esta realidad”, expresó.
En febrero de este año el INDH presentó un informe de seguimiento de casusas que señala que solo una víctima, de las 2.926 personas que denunciaron vulneraciones de derechos en 2019 al organismo, obtuvo una condena. “En marzo de este año todos los consejeros y consejeras dijimos que estábamos más cerca de la impunidad que de la verdad y la justicia. Lamentablemente hoy día el 1 de octubre no podemos decir algo muy distinto”, señaló Micco, anunciando que este mes, a casi dos años desde el estallido social, el INDH va a hacer una evaluación “de qué es lo que ha hecho el Estado de Chile para investigar, juzgar y sancionar a quienes violaron los derechos humanos”.
