El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentará acciones legales en contra de quienes resulten responsables por el caso de la interna de la Cárcel de San Miguel que dio a luz en uno de los pasillos del recinto penal, hecho que se dio a conocer este sábado 15 de enero a través de una denuncia.
Así lo confirmó la directora del organismo, Consuelo Contreras, quien también entregó nuevos detalles sobre el hecho ocurrido durante Navidad y las posibles vulneraciones del protocolo de Gendarmería: “Se trata de una mujer de 40 años que dio a luz en el pasillo de la cárcel, no había ninguna condición en el lugar para atender un parto de emergencia, que no fue llevada al centro hospitalario en el momento adecuado. De hecho, ella empieza a parir a su hijo sentada en una silla, no logran cortarle el cordón umbilical y la llevan así al hospital, y el bebé envuelto en una chaqueta con ninguna medida de higiene. Creemos que la situación es gravísima”, calificó la autoridad en conversación con CNN.
Desde el INDH aún no existe claridad del tenor de la acción legal que presentarán, ni tampoco contra quien apuntará la misma. “Lo más probable es que sea una querella”, aclara una fuente al interior del organismo.
“Esto podría constituir una situación de torturas o tratos crueles inhumanos o degradantes, por los cuales vamos a presentar un acción judicial al respecto”, confirmó Contreras.
La denuncia se conoció ayer en la tarde, a través de un comunicado emitido por el Comité para la Prevención de la Tortura. “Cuando la interna pidió ser trasladada a enfermería para ser evaluada, tenía 40 semanas de gestación, un embarazo de término y no recibió los cuidados oportunos. La mujer privada de libertad no estaba en la sección cuna porque ya no tenía cupos y necesitaba un monitoreo permanente”, se lee en la declaración.
Este sábado, además, asistieron al recinto penitenciario la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo Falcón, para realizar una visita a la unidad penal y hablar con las internas. A las autoridades se sumó también el director de Gendarmería, el coronel Sebastián Urra.
“Quisimos hacernos presentes en esta visita, para constatar en terreno las condiciones de las privadas de libertad que están embarazadas, puérperas y con hijos menores, también conversar cara a cara con internas en cuanto a cómo se están cautelando sus derechos en lo que tiene que ver con el enfoque de género, sus controles y algunas condiciones especiales de vulnerabilidad”, apuntó la titular de la Mujer, Antonia Orellana.
En tanto, el subsecretario de Justicia y el director de Gendarmería informaron que existe un sumario en curso al interior de la institución penitenciaria para determinar las responsabilidades administrativas del caso.
El sumario busca “recabar toda la información y determinar las responsabilidades que caben por la no utilización de los protocolos que existen para este tipo de casos y que se encuentran absolutamente normados”, detalló la autoridad de Justicia, Jaime Gajardo.
“Se efectuó una revisión a los espacios utilizados por las personas embarazadas y el sector de lactantes, además se incluyeron otros lugares donde las internas tienen convivencia en el día a día. Se levantaron también aquellos antecedentes con relación a mejoras en infraestructura”, informó el director de Gendarmería, Sebastián Urra.
Además, la defensora regional Metropolitana Norte, Daniela Báez, manifestó que desde la Defensoría Penal Pública han “insistido en la necesidad de incorporar el enfoque de género en lo que es la tramitación de las causas penales, la permanente preocupación por el uso abusivo de la prisión preventiva, sobre todo cuando tenemos población, por ejemplo, como lo son mujeres privadas de libertad y especialmente cuando hay una mujer embarazada o una mujer con niños pequeños”.
