Hasta las oficinas del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) han llegado siete denuncias por posibles adopciones irregulares de niños durante las décadas de los 70 y 80.

Estos antecedentes surgen en simultáneo a las indagatorias que realiza el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, donde se investigan 488 casos ocurridos entre 1973 y 1990.

Según información provista por el INDH, durante los últimos tres meses se han recibido cuatro casos de víctimas. A ellas se suman denuncias en Iquique, Talca y La Araucanía.

De acuerdo al jefe de la Unidad Jurídica de la institución, Rodrigo Bustos, se trata de madres y posibles hijos separados de sus padres quienes han reclamado haber padecido esta situación. "Hay personas que se han acercado a la institución, y por los elementos que tienen podrían haber sido niños objeto de tráfico de menores", señaló Rodrigo Bustos.

El abogado aseveró que se encuentran en pleno análisis de los antecedentes con objeto de definir si presentarán una querella ante tribunales por estos hechos.

La decisión, advirtió el encargado jurídico, se tomará una vez se presenten los antecedentes recopilados al consejo consultivo de la institución. La instancia se reúne cada día lunes. En tanto, la directora nacional del INDH, Consuelo Contreras, se encuentra en Ginebra en actividades de la Organización de Naciones Unidas.

Más allá de la decisión que tome el consejo sobre una participación judicial, Bustos adelantó que harán llegar los antecedentes al ministro Carroza con el interés de que este pueda "ver si hay coincidencia con la práctica de los otros casos respecto de los recibidos por nosotros".

En este sentido, el jefe jurídico consideró la necesidad de que se amplíen las atribuciones que hoy posee el juez de la Corte de Santiago.

De acuerdo al mandato actual, Carroza debe restringir su investigación a lo ocurrido entre los años 1973 y 1990. En busca de profundizar en estos antecedentes, el magistrado ordenó a la Policía de Investigaciones hacerse cargo de analizar los antecedentes que tenía en su poder la asistente social de 96 años, Telma Uribe.

"El ministro Carroza ha realizado una investigación exhaustiva y en ese sentido creemos que desde el propio Poder Judicial se le den todas las atribuciones y el mandato más amplio para realizar estas indagatorias, dado que están envueltos derechos muy importantes de niños y niñas", enfatizó.

De acuerdo a Constanza del Río, miembro de la ONG "Nos Buscamos", lo hallado hasta el momento es una parte de los tres mil casos de adopción irregular que ellos manejan como organismo.

Según Del Río, se trata de "una bola de nieve que se incrementa con el paso del tiempo". Una situación que considera debe ser enmendada por el Estado, "dado el daño causado y la necesidad de reunir a estas familias".