INDH se querella por apremios ilegítimos por caso de jóvenes detenidos por error en Ñuñoa

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó este miércoles una querella por apremios ilegítimos en el marco del caso donde dos jóvenes fueron detenidos por error, en un operativo llevado a cabo el miércoles 5 de marzo en la comuna de Ñuñoa.

Los jóvenes, dos primos de 21 y 23 años, fueron aprehendidos por Carabineros en medio de un intenso procedimiento policial luego de que desconocidos balearan al sargento José Miguel Villegas, quien intentó frustrar una encerrona en esa comuna. Luego, los detenidos fueron trasladados hasta la 18ª Comisaría de Ñuñoa, donde se les fotografió estando detenidos.

El caso terminó con un funcionario de Carabineros dado de baja por su responsabilidad en las fotografías. Asimismo, los jóvenes fueron dejados en libertad luego de que se comprobara que no tuvieron relación con los hechos investigados.

“Nos han hecho un daño enorme como familia y le hacen un daño a la institución”, señalaba la familia por esos días a los medios de comunicación.

En el texto legal se relatan los hechos de forma cronológica. Allí se expone que esa noche, a eso de las 21.00, los dos jóvenes salieron a comprar completos a un local, “Sanguchito Pe”, que queda cerca de Ramón Cruz Montt. Luego, se sentaron en una plaza a comer y tomar una cerveza en lata.

Estando en ese lugar, escucharon varios disparos y se escondieron detrás de unos árboles. “Luego, y estando ellos en dicha posición, vieron llegar a las afueras del local de comida una persona en moto, que no tenía ni uniforme ni distintivo de Carabinero o de Seguridad Ciudadana, quien saca un arma y obliga a dos civiles a tirarse al suelo”.

Al ver esa situación, y “pensando que dicho motorista estaba asaltando gente”, comenzaron a correr en dirección al departamento del padre de uno de ellos empezando a ser perseguidos por el motorista. Luego, detuvieron su marcha en Ramón Cruz, lugar donde divisan que “el motorista se había quedado hablando con las personas de los locales colindantes, razón por la cual se tranquilizan y deciden caminar hacia el departamento”.

Posteriormente, antes de llegar a Dublé Almeyda fueron rodeados por cuatro funcionarios de Seguridad Ciudadana en moto. “Instantes después, llega una camioneta de Carabineros por Dublé Almeyda de la cual se bajan varios funcionarios quienes los tiran al suelo y comienzan a golpearlos en su rostro y otras partes del cuerpo mediante golpes de puño, para luego subirlos a la camioneta y trasladarlos a la 18° Comisaría de Ñuñoa”, dice la querella.

“Una vez ingresados a la Comisaría, los llevan hacia una zona de recepción donde les retiran sus pertenencias y los tiran contra la pared, estando un largo rato sentados en dicho sector ensangrentados y esposados, momento en el cual un funcionario los intimida y amenaza para luego sacarles una fotografía con su teléfono celular, la cual minutos después comienza a difundirse en redes sociales sindicándolos como los responsables del asalto que terminó con un funcionario de Carabineros lesionado”, se agrega en el texto.

Así las cosas, fueron llevados hasta el Cesfam Salvador Bustos, donde fueron acompañados por uno de los funcionarios de Carabineros que, dice la querella, los había agredido. Su presencia en el box asistencial los hizo sentir “intimidados”. “No se atrevieron a decir el origen de sus lesiones ante la pregunta del doctor, respondiendo por ellos el funcionario de Carabineros quien le dice al profesional de salud que “estaban así cuando los detuvimos””.

“A raíz de esta situación ambas víctimas no solo resultaron con lesiones físicas, sino que con secuelas psicológicas relativas a estrés postraumático derivados de los hechos y la exposición mediática que han sufrido por la filtración de sus fotografías asociándolos con delitos de alta connotación pública”, se señala en la querella.

La abogada del INDH, Beatriz Contreras, pide en el texto legal que se cite a declarar a los funcionarios de las fuerzas de orden y seguridad que se encuentran implicados en la comisión del delito cometido, ya sea en calidad de imputado o testigo.