Un nuevo informe de Amnistía Internacional (AI), en el contexto de las manifestaciones sociales que comenzaron en Chile el 18 de octubre, volvió a condenar la conducta de los funcionarios policiales. Se trata del reporte “Los derechos humanos en las Américas: retrospectiva 2019”, que será presentado hoy por la directora ejecutiva en nuestro país, Ana Piquer.
En el informe se señala que “Chile cerró el 2019 con la peor crisis de derechos humanos, desde el régimen del general Augusto Pinochet”.
De acuerdo al documento, “las manifestaciones se encontraron con una fuerte represión por parte de las fuerzas del Estado, que intentaron justificar su uso de la violencia contra manifestantes, alegando que tales medidas eran necesarias para proteger las infraestructuras y la propiedad privada frente a daños y vandalismo”.
Un capítulo especial se refiere a los estados de excepción constitucional en algunas regiones, entre ellas la Metropolitana, decretados por el Presidente Piñera el 19 de octubre. “Durante ese periodo aumentó drásticamente el número de abusos cometidos por el Estado, y perdieron la vida 31 personas, al menos cuatro de ellas a manos de fuerzas estatales”.
El trabajo de AI recoge una serie de cifras entregadas por instituciones del Estado respecto de las denuncias por violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, se señala que el Ministerio de Salud registró más de 13 mil personas heridas durante los dos primeros meses de protestas y que la Fiscalía Nacional registra 2.500 denuncias por violaciones a los derechos humanos.
“Juicios injustos”
En el informe también hablan de “juicios injustos”, ocurridos en Chile durante 2019, previamente al estallido social. Mencionan, por ejemplo, la anulación del fallo condenatorio por parte de la Corte Suprema en el del caso denominado “Norín Catrimán y otros”, en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado chileno anular el fallo contra comuneros mapuches.
Respecto de los derechos medioambientales, el informe sostiene que el año pasado “continuaron llevándose a cabo proyectos industriales sin contar con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados”.
Además, se critica la implementación de la ley de aborto en tres causales, la que fue calificada como “deficiente” y se indica que “la información a disposición de la población sobre derechos sexuales y reproductivos seguía siendo escasa”.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Chile, Ana Piquer, realizó una negativa evaluación de lo sucedido en Chile en 2019 en materia de derechos humanos.
“No es un buen balance. Vemos que hay una tendencia que apunta a gobiernos cada vez más intolerantes, cada vez más restrictivos de derechos, y en particular hay preocupación por lo que se refiere al derecho a la protesta y al derecho a requerir asilo. Y, lamentablemente, en ambos temas vemos que Chile también se ha sumado a esa lista de gobiernos intolerantes en que el actuar es represivo”, afirmó la abogada.
Sobre la eventual responsabilidad del actual gobierno frente a este tema, Piquer dijo que “no solo el gobierno de Sebastián Piñera ha violado derechos humanos. El tema, por ejemplo, de la violencia policial o de la criminalización de la protesta, en general, lamentablemente ha sido transversal a todos los gobiernos. Pero sí vemos que desde que asumió el gobierno del Presidente Piñera ha habido una profundización de ese tipo de medidas. Y desde que se inició el estallido social, en octubre, un empeoramiento aún más grave”.
Consultada sobre si consideran como sistemáticas las violaciones a los derechos fundamentales, indicó que “no es que digamos que no son sistemáticas. Nunca hemos negado que puedan ser sistemáticas. El que no sean sistemáticas, o el que lo sean, no hace mayor diferencia en términos de la gravedad de lo que está pasando”. Añadió que “son generalizadas y lo que sí a nosotros nos preocupa y que hemos seguido viendo es que el actuar policial y el actuar del Estado en lo que se refiere a las manifestaciones, y sobre todo desde octubre, apunta muy claramente a evitar que se proteste, a atacar a los manifestantes. Incluso, hemos hablado de una intención de dañar a los manifestantes”, acotó Piquer.
