El informe anual de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, dado a conocer este martes, acusó que existe “impunidad” en los casos sobre abusos de agentes policiales en las manifestaciones asociadas al llamado estallido social del 18 de octubre de 2019.

“A pesar de la sentencia condenatoria sin precedente dictada contra dos miembros de Carabineros por cometer violaciones de derechos humanos durante las protestas de 2019, imperaba la impunidad y no se presentó ningún proyecto de ley de reparación”, dice el reporte de la ONG al entrar a describir la situación en Chile.

Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Chile, recordó que en 2024 se cumplieron cinco años desde el “periodo en que se cometieron las violaciones a los derechos humanos más graves desde el término de la dictadura”.

“Amnistía Internacional las considera graves y generalizadas y el Estado de Chile tiene el deber ineludible de avanzar en verdad, justicia, reparación integral y garantía de no repetición. A cinco años y medio, sin embargo, del estallido social, existen un total de 1.142 denuncias por delitos de violencia institucional correspondientes a ese periodo, sólo 59 sentencias condenatorias, equivalente a un 0,6% de esas denuncias. Esto configura un escenario por cierto de escandalosa impunidad e instamos al Estado de Chile a adoptar todas las medidas para revertirlo”, aseguró.

¿Qué dice el informe?

En poco más de dos carillas, el apartado del texto referido al país, aborda temas como derecho a verdad, justicia y reparación; derechos sexuales y reproductivos; libertad de expresión y de reunión; uso excesivo e innecesario de la fuerza; derechos de las personas refugiadas y migrantes; vigilancia masiva; y derechos de los pueblos indígenas.

El informe menciona que en agosto de 2024, dos miembros de Carabineros fueron declarados culpables de cometer actos de tortura contra un manifestante durante las protestas.

“Era la primera vez que se dictaba sentencia condenatoria contra agentes de ese cuerpo”, indicaron, agregando que en octubre se presentaron cargos penales “contra tres miembros del antiguo alto mando de Carabineros por no haber impedido las violaciones de derechos humanos cometidas por el personal a su cargo”.

“Pese a estos avances, persistía la impunidad por las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional perpetrados en ese periodo, y varias autoridades políticas pusieron indebidamente en duda las acciones de la fiscalía, especialmente en relación con la investigación sobre el antiguo alto mando de Carabineros”, señaló Amnistía.

Asimismo, se cuestiona que “no hubo ningún proyecto de ley en relación con la reparación a las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas, pese a las exhaustivas conclusiones de la Mesa de Reparación Integral que se habían entregado al gobierno”.

Los videos de Crespo

En la previa a la publicación del informe, Ciper dio a conocer grabaciones de procedimientos en los que interviene el excarabinero Claudio Crespo, acusado de cegar con el disparo de un arma antidisturbios a un estudiante que estaba arrojando piedras a personal uniformado.

Consultado al respecto en una actividad con empresarios, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, defendió a la institución policial.

“En el conjunto de prácticas indebidas ejecutadas en el contexto del estallido social, Carabineros de Chile ha desarrollado un amplio proceso de revisión que ya tiene varios años. Carabineros, además, desde que ocurrieron esos hechos, ha recibido asistencia y apoyo internacional que, entre otras cosas, ha reformulado el control de orden público, tanto desde el punto de vista de su estructura, de sus medios, pero también de sus tácticas”, aseguró la autoridad de gobierno.

Cordero insistió en que frente a “esas malas prácticas, en algunos casos, derechamente, delitos, Carabineros ha dictado los protocolos y ha hecho las correcciones respectivas”.

Respecto a los videos, Bustos dijo que las grabaciones dan cuenta que “ese nivel de brutalidad y de violencia existieron, aunque en los últimos cinco años y medio algunos hayan intentado denegar o justificarlo”.

“Ese nivel de brutalidad y de violencia con la que actuaron algunos funcionarios de la policía es condenable y no tiene que volver a repetirse jamás en nuestro país”, cerró.