En el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, el Centro de Derechos Humanos de la casa de estudios presentará este martes la edición 2023 de su informe anual sobre Derechos Humanos en Chile.

El reporte evalúa el cumplimiento de las obligaciones del Estado en distintas áreas y en su versión de este año incorpora las primeras evaluaciones del servicio Mejor Niñez (ex Sename), a casi dos años de su implementación en el país, dando cuenta de una serie de dificultades.

En concreto, la conclusión de Francisco Estrada y María José Jara apunta a que la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolecencia (SPE) como un servicio destinado a la protección especial de niños, niñas y adolescentes (NNA), revela “problemas tanto en el diseño como en su ejecución, principalmente atribuibles al legislador y la administración”. Además de señalar que se encontraron “falencias graves” en la reconverción de los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa a Residencias Familiares (CREAD), “que permiten dudar acerca del cumplimiento en la práctica de las promesas del modelo”.

Respecto a la violencia residencial, como afectaciones a la integridad física o psíquica, o explotación sexual comercial, el documento indica que “subsisten las preocupaciones que antes suscitaba el sistema encabezado por el Servicio Nacional de Menores, Sename. La constatación de graves vulneraciones de derechos en los establecimientos es una lamentable realidad que sigue arrastrando el Estado”.

En cuanto a la implementación de los SPE, afirma que “está todavía lejos de cumplir las promesas de avance en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia en Chile”. En este aspecto, eso sí, el texto señala que “se evidencian progresos en aspectos como la mayor supervisión y exigencia de estándares de funcionamiento”, aunque también da cuenta de que existen diversos ámbitos “en los que no sólo no existen progreso, sino que han presentado retrocesos determinados por un proceso de implementación defectuoso desde su diseño”.

El documento emanado de la Facultad de Derecho de la UDP enfatiza en el aumento de las listas de espera, pese a la implementación del nuevo servicio. “Las oficinas locales de la Niñez no se encuentran completamente instaladas ni operativas, y los programas ambulatorios presentan aún sus históricas listas de espera”.

En cuanto a lo que resaltan de forma positiva, el documento destaca “la separación de un servicio específico destinado a la protección especial del NNA de aquel dirigido a la atención de adolescentes en conflicto con la ley”. Por otra parte, señala que se evidencian progresos en aspectos como la mayor supervisión y exigencia de estándares de funcionamiento.

Al cerrar el capítulo, se especifican seis recomendaciones, las que apuntan a revisar urgentemente la ley y elaborar un proyecto con las reformas necesarias para su mejor desempeño; aumentar la dotación hasta llegar a la autorizada y generar procesos de inducción y capacitación; cumplir con la entrega de estadísticas completas, periódicas y oportunas del funcionamiento del sistema; implementar el plan de desinstitucionalización y la derivación de niños, niñas y adolescentes a residencias familiares; reforzar los programas de familias de acogida; y prevenir situaciones de violencia y reparar a los niños, niñas y adolescentes que han sufrido graves hechos de violencia en el sistema de protección.