El Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, en su Informe de Política Pública N°4 que se tituló “Total de expedientes de expulsión y cancelación de matrícula de estudiantes durante 2022 y 2023″, el organismo describió y analizó los datos entregados por la Superintendencia de Educación sobre los expedientes de expulsión levantados entre 2022 y 2023 (agosto), con el fin de dar seguimiento a estos procedimientos, que ya fueron tratados en un informe anterior referido a la Ley de Aula Segura.
Según se destaca en el documento, uno de los principales hallazgos es que entre los primeros semestres de 2022 y 2023, se detectó un aumento del 70,6% en la cantidad de expulsiones y cancelaciones de matrícula de estudiantes. En tan solo un año, se produjo un alza de 276 a 471 casos de este tipo a nivel nacional.
En detalle sobre la distribución regional, el informe reveló que la región con mayor cantidad de expulsiones y cancelaciones de matrícula del país a 2023, en relación con su matrícula total, es Arica y Parinacota, con una tasa de 0,73 casos por cada 1.000 estudiantes. En cuanto a comunas, aquellas que presentaron más alto promedio de casos por establecimiento son Copiapó, Alto Hospicio, Santiago, Antofagasta y Arica.
Sobre las edades de los estudiantes expulsados, si bien la mayor parte de casos se concentra en la enseñanza media, un 35% del total de expedientes corresponden a estudiantes de educación básica, partiendo por casos desde primero (10 casos) y segundo básico (10 casos).
De las causales, las más altas son “Agresiones a otros estudiantes” con un 33%, “Transgresión reiterada de normas” con un 20%”, “Asociado al uso de armas” con un 13% “, y “Hechos relacionados a drogas” con un 8%.
Junto con esto, en el informe también se indica que no solo han subido las expulsiones, sino también las denuncias que estudiantes y familias presentan ante la Superintendencia de Educación a raíz de esta medida de los establecimientos, presentando un aumento del 184% entre 2022 y 2023.
Respecto del documento, el defensor de la niñez, Anuar Quesille, indicó que como parte de su rol, “parece importante dar a conocer estas cifras y relevar ciertos aspectos claves”.
“Por ejemplo, resulta preocupante la ausencia de registros de expulsiones en establecimientos particulares pagados, quienes no tienen la obligación de informar a la Superintendencia de Educación, a pesar que un tercio de las denuncias por esta materia provienen de este tipo de colegios, ellos. Esto invisibiliza de forma significativa una realidad importante que debe ser monitoreada” expresó la autoridad.
“Nos parece que estos procedimientos, incluyendo los regulados por la Ley Aula Segura, y por supuesto también los fenómenos que las causan, necesitan ser revisados por las autoridades competentes a la luz de la Ley de Garantías. Es esencial que toda medida se centre en la protección de derechos de todos los actores involucrados, pero también considere las trayectorias educativas y los riesgos de la exclusión escolar”, añadió.
