Informe revela que las listas de espera GES aumentarían un 40% si se termina con el sistema de salud mixto

¿Qué pasaría con las listas de espera? Esa fue la pregunta que surgió inmediatamente después de la votación del segundo informe de la Comisión de Derechos Fundamentales en el pleno de la Convención Constitucional. La instancia aprobó siete de los 12 incisos del artículo 14, que consagra el derecho a la salud, pasando al borrador de la Nueva Carta Magna que el sistema de salud será “de carácter universal, público e integrado”.

En ese contexto, un informe realizado por la Fundación Politopedia concluye que el impacto de unificar el sistema de salud sería “brutal” para la red asistencial pública, pues las listas de espera se acrecentarían aún más.

De acuerdo al estudio, 22.075 pacientes pasarían a engrosar los Incumplimientos GES, esto implica un incremento en las listas de espera de un 40% con respecto a la situación actual (54.003), alcanzando un total de 76.408 pacientes.

En el caso de las listas de espera por intervenciones quirúrgicas, estas podrían crecer un 17%, con 54.000 cirugías adicionales, alcanzando las 370.000. Los tiempos de espera también verían alteraciones: en lugar de estar 597 días esperando una intervención (que es lo que se aguarda hoy), con el articulado aprobado en la Convención los plazos se extenderían por 680 días.

En cuanto a las listas por consultas de especialidad, estas podrían crecer hasta un 40%, alcanzando las 2.731.947 consultas pendientes, desde las 2.001.947 actuales

Asimismo, hay otro escenario que se puede dar. El pasado martes, además, quedaron pendientes definiciones claves respecto de la participación del sector privado en el sistema sobre si se permitirá, o no, el fin del lucro.

Según el informe, de aprobarse estos incisos, las listas crecerían aún más: en el caso de las prestaciones GES con incumplimiento aumentarían un 60%. Las listas por intervención quirúrgica, en tanto, un 127% y por especialidad, un 182%.

Victoria Beaumont, directora de Fundación Politopedia, indica que lo anterior es el impacto directo de la eliminación de las isapres como tales y del traspaso de los cotizantes al sector público. “Hoy, 1,2 millones de personas beneficiarias de isapres que tienen más de 60 años, que son crónicos o tienen alguna patología GES, no podrán acceder a seguros complementarios. Estas personas están amparadas en la Constitución actual, pues reciben tratamiento y entrarán a la lista de espera que ya existe para sus patologías en el sector público. Por ejemplo: los GES de artrosis de cadera con un promedio de espera de un año e insuficiencia renal crónica con espera de ocho meses para tratamiento en el sector público”.

En esa misma línea, agrega que “nada de lo que ya ha pasado al borrador de la nueva Constitución garantiza el mejoramiento de estos estándares de atención, sólo se genera un traspaso de los cotizantes al sistema colapsado. Es más, dado el perfil de gasto de los cotizantes, estos recibirán subsidio estatal para estar en el fondo nacional, algo así como US$ 700 millones de dólares adicionales, lo que lo transforma en una modificación regresiva”.

El director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, Héctor Sánchez, advierte que “la situación para el país sería muy compleja, porque es indudable que el sistema público no tiene capacidad para atender la demanda de su actual población. Si se agregan cerca de tres millones de personas, de las cuales 1,2 millones tiene enfermedades crónicas, indudablemente el problema se agravaría más”.

El exministro de Salud Álvaro Erazo tiene una visión más positiva y sostiene que el sistema universal de salud propuesto en la Convención mejoraría la resolución de las listas de espera que hoy tiene en “crisis” al sector de la salud. “Estos derechos garantizados que quedan plasmados en el borrador de la Constitución van a establecer una obligatoriedad de protección social; por eso, el Estado y las organizaciones que quedan amparadas jurídicamente en este contexto van a tener que hacer esfuerzos, no solo de gestión, sino que también de financiamiento. Tiene que haber un rediseño organizacional en el sistema de salud”.

Los expertos coinciden en que la red asistencial pública ya no tiene la capacidad de atender y resolver por sí misma estas listas de espera, pues las actuales son las más abultadas, desde que hay registro. Al mismo tiempo, los especialistas agregan que la atención no oportuna de las patologías ocasiona diversos problemas.

La directora ejecutiva del CIPS, y exsubsecretaria de Salud, Paula Daza, sostiene que “la pandemia nos mostró el virtuosismo de la cooperación entre la red publica y privada, que de alguna manera da una respuesta. Chile es un país largo, donde a veces es difícil desplazarse y, por lo tanto, restringir la oferta de salud a actores puede ser complejo. No solo no da una respuesta, sino que puede agravar lo que ya tenemos”.

De acuerdo a las cifras de salud, durante los meses más críticos de la pandemia hubo un total de 4.354 camas críticas disponibles, de ellas 1.510 fueron aportadas por el sistema privado, lo que configura un 37% del total.

Al mismo tiempo, Daza señala que hay que mantener el sistema mixto: “Tenemos que usar todos los recursos que tenemos en nuestro país para dar respuesta a la necesidad de las personas, tanto los recursos del Estado como los del sector privado. Obviamente, hay que avanzar a un sistema de salud que disminuya las brechas y los tiempos de espera, pero tenemos que avanzar por la línea correcta, con las personas en el centro”.

Por su parte, Denisse Brito, académica en Salud Pública de la Universidad Diego Portales, enfatiza que “las personas que tienen que esperar mucho tiempo para resolver un problema médico se van a ver afectadas en varios ámbitos. Primero, en su salud física, pues las personas pueden estar esperando para resolución de un tratamiento, enfrentándose al dolor o al malestar físico y su patología se puede ver aún más afectada. Además, tendrán problemas de salud mental, pues la espera puede ocasionar ansiedad u otras afecciones”.

De acuerdo al último informe publicado por el Ministerio de Salud -el 9 de febrero de 2022-, más de 40 mil personas que estuvieron en lista de espera murieron. De hecho, durante 2020, 2.817 personas fallecieron con al menos una garantía GES incumplida.

Por esta razón, los expertos señalan que la atención de salud en establecimientos privados juega un rol importante. De acuerdo al Dimensionamiento del Sector de Salud Privado que prepara la Asociación de Clínicas de Chile, del total de la población del país, se estima que los potenciales demandantes de prestadores de salud privados superan los 15 millones de personas (79,3% del total de la población).

Además, al detallar esa participación se recoge que, por ejemplo, en el grupo de las atenciones médicas (consultas), el 52,5% fueron hechas en el sector privado. Y de esas consultas (casi 25 millones), 14,5 millones fueron para personas pertenecientes a Fonasa.