Inician segundo juicio en Arica por corrupción en municipio entre 2009 y 2012

Con escuchas telefónicas captadas por la Brigada de Lavado de Activos de la PDI desde el año 2009 y pruebas documentales, además de la presentación de unos 50 testigos, se inició un segundo juicio oral por delitos de fraude al Fisco y cohecho ocurridos en la Municipalidad de Arica durante la gestión del alcalde Waldo Sankán y que se relacionan con incumplimientos en los servicios prestados por la empresa Asevertrans Limitada en el mantenimiento del vertedero municipal entre el periodo 2009-2012.

Esta vez la Fiscalía de Arica pretende que se condene al exdiputado y empresario radial, Orlando Vargas Pizarro; al exalcalde subrogante y sociólogo Osvaldo Abdala Valenzuela; y al exconcejal de Renovación Nacional y profesor de la Universidad de Tarapacá, Emilio Ulloa Valenzuela. El fraude estimado sería de 3.600 millones de pesos.

El caso reviste una particularidad, dado que los tres acusados fueron formalizados a raíz de una denuncia presentada por el Tribunal Oral en lo Penal el 20 de febrero de 2015. Esta decisión la adoptó durante el veredicto en el que condenó a 15 personas sobre los mismos hechos, entre ellas al exalcalde Sankán y cuatro concejales. En el transcurso del juicio, las tres autoridades aparecían nombradas en algunas escuchas telefónicas, pero no habían sido consideradas dentro de los 17 imputados con los que el Ministerio Público inició este caso el 22 de abril de 2012.

El fiscal Francisco Gangas recordó que este proceso se relaciona con la votación unánime del Concejo Municipal el 3 de febrero de 2012, oportunidad en que los ediles aprobaron la renovación del contrato a la empresa Asevertrans, pese a que registraba serios incumplimientos y observaciones de la Contraloría Regional, especialmente la ausencia de maquinaria pesada comprometida y la no realización de las horas pactadas de trabajo.

La investigación de la Fiscalía apunta a que estos tres acusados también fueron contactados por el empresario Jorge Frías, dueño de la firma de Asevertrans, para que la votación ante el Concejo Municipal el 3 de febrero de 2012 a favor de la ampliación de su contrato fuese favorable. A cambio de ello, según las indagaciones del Ministerio Público, habría ofrecido compensaciones económicas. La sesión del Concejo Municipal se realizó ese día, colocando dentro de los puntos varios de la tabla, y al momento de la votación, en forma unánime, los ediles decidieron extender el contrato por dos años a la empresa Asevertrans, pese a que existía un sumario sanitario de la Seremi de Salud que objetaba el manejo que esta firma hacía de los desechos domiciliarios en el vertedero.

"En la misma investigación y luego en el juicio oral se deprende se generaron indicios de que habría un delito de cohecho y fraude al Fisco. En el juicio anterior presentamos unas 300 escuchas telefónicas. Aquí presentaremos un número menor, pero que servirá para dar cuenta de los hechos de la acusación", afirmó el fiscal Gangas.

El Ministerio Público solicitará la pena de tres años y un día de presidio por el delito de fraude al Fisco frustrado para el ex diputado Orlando Vargas, el ex alcalde subrogante Osvaldo Abdala y el concejal Emilio Ulloa. Asimismo, para este último requerirá 600 días por el delito de cohecho pasivo. Del mismo modo, como penas accesorias pedirá la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y una multa del 50 por ciento del perjuicio causad

También la procuradora fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Ana María Cortés señaló que su organismo también busca la condena de los tres acusados, "dado que en la investigación se estableció que cada uno de ellos intervinieron tanto en la parte previa de la aprobación del contrato a esta empresa que estaba cuestionada, es el caso del ex diputado y el ex concejal, y luego el exalcalde subrogante al firmar el contrato de renovación a esta firma, sabiendo que no estaban las condiciones para ampliarlo".