Las personas que estuvieron en prisión preventiva y luego fueron absueltas de todos los cargos aumentaron un 12% entre 2017 y 2018, pasando de 2.800 a 3.153.

Según las cifras entregadas a La Tercera por la Defensoría Penal Pública, de los 29.565 imputados que recibieron esta medida cautelar el último año, el 6,2% finalmente fue considerado inocente por los tribunales de justicia.

En el caso de la última década, desde la Defensoría aseveran que hubo un aumentó en un 40,7% de la prisión preventiva, periodo en que también creció en un 90% el número de personas absueltas tras ser sometidas a encierro.

De acuerdo al organismo, la permanencia de estas personas en prisión fue de cero a 15 días en el 35% de los casos, de 16 días a seis meses en otro 44,1% y el 21% permaneció más de seis meses detenido.

De acuerdo al defensor nacional Andrés Mahnke, se trata de un escenario preocupante, dado que es "irrefutable, desde el punto de vista cuantitativo, que la prisión preventiva se aplica en forma indiscriminada".

La máxima autoridad de la Defensoría Penal Pública insistió en que esta cautelar "se ha utilizado casi como una pena anticipada con interés de control social", e incluso, asegura Mahnke, " se está utilizando en forma discriminatoria en contra de personas que pertenecen a minorías vulnerables".

De acuerdo al estudio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, llamado "Discriminación e impacto negativo de la prisión preventiva en la vida de las personas", los mapuches tienen un 25% más de probabilidades de recibir esta medida cautelar en comparación a personas que no pertenecen a este pueblo. Lo mismo, dice el estudio, ocurre en el caso de personas de más bajos recursos, con un 9,5% de probabilidades superiores al resto de la población.

Para Mauricio Duce, abogado y académico de la Universidad Diego Portales, el uso de esta medida ha sido incentivada por "un conjunto de reformas legales que han quitado la discrecionalidad judicial para el uso de la prisión preventiva, y ha tendido hacia un cierto automatismo en su uso en los delitos graves. Si es un delito de crimen, el juez tiene muy poco espacio para decretarlo".

A este argumento, Duce agrega que existe "una enorme presión pública hacia el uso de la prisión preventiva, en parte importante por las propias autoridades y la clase política que les ha metido mucha presión a los fiscales y a los jueces".

No obstante, también responsabilizó a los propios integrantes del aparato judicial, al señalar que "ha habido un deterioro en la calidad del trabajo de los distintos actores, lo que hace que los debates de prisión preventiva sean cada vez con menos sustancia e información".

Las estadísticas que ha levantado la Defensoría en el último año serán dadas a conocer hoy, en la cuenta pública de Mahnke.

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