El sello de color rojo con la palabra "secreto" es lo primero que salta a la vista en la denuncia que, el pasado 15 de octubre, presentó la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine) ante la justicia militar. En nueve páginas, el organismo que lidera el general de brigada Guillermo Paiva Hernández, entrega detalles del ataque que un grupo de "encapuchados y otros a rostro descubierto" protagonizó la tarde del 12 de octubre, en una de las protestas previas a la crisis de las últimas dos semanas.

Según el documento, poco antes del ataque a la sede de la unidad de inteligencia, se realizó una manifestación que había sido autorizada por la Intendencia Metropolitana. Se trataba de la denominado marcha del "Encuentro de dos mundos", la cual buscaba poner sobre la mesa temas como la situación del pueblo mapuche, la defensa del territorio y la privatización del agua.

La movilización, que consideraba realizar un recorrido desde Plaza Italia hasta calle Echaurren, en el centro de la capital, se realizó gran parte del tiempo de manera pacífica. Sin embargo, al llegar frente al cerro Santa Lucía comenzaron los primeros incidentes, que movilizó a efectivos de Fuerzas Especiales (FF.EE.) de Carabineros.

Fue así como un grupo de desconocidos se trasladó hasta el paseo Bulnes, próximo al Palacio de La Moneda. Allí, según la denuncia del organismo militar, comenzaron nuevos desmanes y destrozos que tuvieron como blanco la sede del organismo de inteligencia castrense.

Rayados y ultraje a la bandera

De acuerdo con la denuncia de la Dine, al llegar al paseo Bulnes, frente al número 129, comenzaron nuevos incidentes. Y pese a que la unidad militar no tiene un logo que lo distinga, sí posee en su fachada una placa que lo identifica como una unidad dependiente del Ejército.

De acuerdo con la presentación a la justicia, "un grupo de jóvenes (algunos encapuchados y otros a rostro descubierto), al transitar por el Paseo Bulnes y encontrarse frente al edificio que alberga a esta Dirección de Inteligencia, ubicado en Paseo Presidente Bulnes N° 129, procedieron a destruir dos cámaras de seguridad, efectuar rayados en los muros, quebrar dos ventanales con piedrazos y ultrajar la bandera nacional, rompiendo el mástil que la soportaba y quemándola en el suelo", detalla el documento militar.

Este, sin embargo, no fue el único hecho de violencia que se registró en esta misma repartición militar: el 19 de octubre, cuando se decretó estado de emergencia en Santiago, se viralizó un video en redes sociales que mostraba a un grupo de uniformados -vestidos de civil- disparando a manifestantes que presuntamente intentaban atacar la sede del organismo de inteligencia. El Ejército confirmó, el pasado 25 de octubre, que se trataba de oficiales de esa repartición de inteligencia que intentaban dispersar una turba que minutos antes amenazó con ingresar al recinto.

En el documento firmado por el general Paiva se pide a la justicia que investigue el ataque contra la sede de la Dine como delito de daños, el cual contempla penas que van desde los 541 días hasta los tres años de presidio. Y también bajo la figura de un atentado "contra el orden público", contemplado en la Ley de Seguridad del Estado.

Si bien la denuncia fue interpuesta el 15 de octubre ante la Tercera Fiscalía Militar de Santiago, la presencia de civiles en los incidentes llevó a que esta instancia se declarara incompetente: "Este tribunal se declara incompetente para seguir conociendo de estos hechos, debiendo remitirse estos autos al Juzgado de Garantía que en derecho corresponda, a través de la Tercera Fiscalía Militar Letrada de Ejército y Carabineros de Santiago".

De esta forma, todos los antecedentes de la causa, que incluyen imágenes de los daños, rayados y la destrucción de las cámaras de vigilancia del lugar, fueron remitidos a la Fiscalía Centro Norte el 28 de octubre, la cual está a cargo de investigar estos hechos.

En la presentación de la Dine se acompañó un sobre sellado "con el registro de las cámaras de seguridad y fotográfico de los hechos señalados, así como copia impresa de cinco imágenes" (ver foto principal).

Tras la declaración de incompetencia por parte del tribunal militar, la causa comenzó a tramitarse en el Séptimo Juzgado de Garantía. Hasta el momento, aseguran fuentes judiciales, la investigación que lleva adelante el Ministerio Público no cuenta con detenidos.