Escuchas telefónicas, transferencias de dinero y citaciones a declarar. Estas son parte de las diligencias que se han decretado en las dos investigaciones del Ministerio Público, en que se indagan las prácticas de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz.
Actualmente, el ente persecutor mantiene dos causas separadas. Una está a cargo del fiscal de O'Higgins, Sergio Moya, quien se encuentra analizando los fallos dictados por la Corte de Rancagua, desde 2010, en que hayan participado los ministros investigados. La otra causa está en manos del fiscal regional Sur, Raúl Guzmán.
El caso de Elgueta fue el primero en llegar al Ministerio Público, el cual asumió Moya. A partir de ahí, durante el último trimestre de 2018 siguió una serie de medidas intrusivas para detectar los presuntos favores que el magistrados habría realizado a un médico y narcotraficantes de la región.
Así surgieron una serie de escuchas telefónicas, donde la fiscalía no solo detectó un presunto tráfico de influencias por parte de Elgueta, sino que también surgieron los nombre de "los Marcelos", los jueces de alzada Vásquez y Albornoz.
Ambos fueron mencionados por el doctor Luis Arenas Contreras, quien interpuso un recurso de nulidad por una circular de la Subsecretaria de Salud en que prohibía el uso de un sicotrópico, distribuido por el facultativo. Su acción judicial fue acogida y el fármaco continúo siendo comercializado por Arenas.
Además, otro antecedente que complica el escenario de Elgueta tiene que ver con un supuesto vínculo con la libertad obtenida por un imputado que tenía vínculos con una banda de narcotraficantes de Rancagua.
Sin embargo, las pesquisas que llevaba en la Fiscalía de O'Higgins causaron la molestia de los ministros, quienes acusaron una persecución en su contra ante el fiscal nacional, Jorge Abbott.
En paralelo a este reclamo, Arias elevó estas denuncias a la Corte Suprema, acusando una especia de enemistad con los jueces y planteando la dificultad que se produciría debido a que varias de las causas que llevaba el persecutor estaban llegando a la Corte de Apelaciones de Rancagua.
Abbott decidió pasar la causa referente al tráfico de influencias a la Fiscalía del Maule. Sin embargo, el jefe de la región, Julio Contardo, se inhabilitó, pues era amigo de uno de los ministros investigados.
Es por ello que la causa llegó al fiscal Regional Sur, Raúl Guzmán, quien indaga los delitos de negociación incompatible y posibles nombramientos ilegales por parte de la Corte de Rancagua en el Poder Judicial y también en notarios. Guzmán ya pidió copia del sumario a la Suprema y citó a declarar a Vásquez.
En tanto, Abbott señaló ayer que esta situación "por cierto que es objeto de preocupación del Ministerio Público y estamos poniendo nuestro mejor esfuerzo en hacer una investigación lo más profunda posible, para poder establecer con claridad los hechos que eventualmente pueden haber ocurrido y que pudieran ser objeto de reproche penal".
