Un costo de $ 60 mil millones tendría, en el primer año, la medida que dictó la Superintendencia de Salud y que ordena a las isapres a reducir el precio de los planes cuando los afiliados, al cumplir cierta edad, salgan de los tramos considerados "de mayor riesgo" y que resultan más caros, obligándolos a pagar más. Se trata de un reajuste que las aseguradoras deberán efectuar de forma automática y siempre tendiendo a la baja de la tarifa pactada.

Hoy en día, las isapres asignan un factor de riesgo a cada afiliado, según su sexo y edad, al momento en que ingresan a la cartera. Este valor se multiplica por el precio del plan que se suscriba y así se fija el precio, en un valor que se mantiene, como base, congelado por el tiempo en que la persona lo mantenga.

Por ejemplo, los recién nacidos tienen un factor de riesgo cercano a "2", lo que implica que se duplique el precio base del plan al que sus padres quieran afiliarlo. Pero un niño de más de dos años que ingresa al sistema tiene un factor que llega a 0,90, es decir, una baja considerable si se comparan los valores a pagar para ambos.

Así, con la medida vigente, los recién nacidos solo serán "más caros" hasta que cumplan 24 meses pues, en ese momento, las isapres deberán ajustar su factor de riesgo y reducirlo, lo que significaría una importante rebaja en el precio del plan. Lo mismo ocurriría en el caso de mujeres que abandonen la edad fértil.

Con estos datos las isapres calcularon el costo de la medida, llegando a $ 60 mil millones. Las cifras son dispares en las aseguradoras, pues depende de los tipos de contrato que ofrecen, pero que preocupa a la industria pues bordea los $ 70 mil millones que se obtuvo como utilidad en 2017.

Además, las aseguradoras estiman que la Superintendencia de Salud no tendría atribuciones para dictaminar el reajuste de los factores y que esto debería ser resorte de una modificación legal. Así, entre el jueves y el viernes pasado, las isapres apelaron a la circular mediante recursos de reposición.

Desde la superintendencia de Salud, en tanto, se informó que la circular, junto con otra que impide a las aseguradoras crear nuevas tablas de factores "han sido recurridas por las isapres. Por ello, las circulares no entrarán en vigencia mientras se encuentren pendientes los recursos".

Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, dijo que los recientes fallos del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema que cuestionaron la tabla de factores, entregan el respaldo necesario a la circular: "el superintendente se formó una convicción que lo llevaría a que todos los casos de afiliados que reclamen serán dictaminados en la misma dirección y, para garantizar más equidad, tomó esta decisión para todo el sistema. Y más que discutir si la autoridad tiene o no la atribución, hay que avanzar en la reforma, que corregirá esto definitivamente, y las isapres ver cómo cumplen la circular, que puede ser un conflicto mayor pues es muy difícil defender que se siga cobrando igual a un afiliado aunque su riesgo haya bajado".

Sánchez agregó que la aplicación de la circular podría generar mayores cobros para los afiliados: "Es posible que las isapres ajusten el precio base de los planes y esto podría redundar en mayores alzas de precio".

Alejandra Benítez, investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP), planteó que "podría ocurrir que las isapres reciban menos ingresos que los costos que pudieran tener, generando a largo plazo un desfinanciamiento y un aumento de las primas anuales. Eso es un riesgo, mientras no llegue la anunciada reforma, que tiene como desafío corregir estos problemas".

Gonzalo de la Carrera, expresidente de isapre Colmena, sostuvo que "regular por circulares no es la manera de corregir las falencias. Y desde el punto de vista de los afiliados, hay una idea equívoca de que estos mayores costos los va a pagar la isapre, y quizás sea así en el muy corto plazo, pero finalmente todo se traslada a precio y estas medidas deberán ser financiadas por el riesgo de los afiliados, porque ninguna isapre va a prestar el servicio sin derecho a utilidades".