Isapres: Suprema descarta pronunciarse sobre reforma de senadores y propone tres ajustes a ley corta del gobierno

La tarde de este lunes, la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco informó respecto de la sesión del Pleno del máximo tribunal donde los ministros analizaron los proyectos que buscan dar cumplimiento al fallo que emitió la Tercera Sala el pasado 30 de noviembre y que ordena a las isapres a devolver millonarios cobros en en exceso y ajustar los planes a una tabla única de factores.

Así, aseguró que por unanimidad de los magistrados, descartaron emitir opinión sobre la reforma ingresada por senadores demócratas y de Chile Vamos en diciembre pasado y confirmó que hicieron tres observaciones al artículo 9° del proyecto de ley corta del gobierno, que es el que se refiere a competencias de tribunales y les otorga atribuciones.

En particular, la ministra detalló que la moción de los senadores y el oficio enviado por la senadora Ximena Rincón -donde solicitó su análisis-, “trata de una materia que no cabe dentro de las competencias del Poder Judicial”. Y agregó: “El proyecto no contiene ni atribuciones, ni referencias a las competencias del Poder Judicial, sino que se refiera a otros aspectos. No se hace mención en la solicitud del artículo 77° de la Constitución, que es la que habilita la Corte Suprema para pronunciarse y tampoco contiene disposiciones que refieran ese artículo que hubieran justificado informar”.

Por otra parte, respecto del proyecto ingresado por el Ejecutivo, Vivanco manifestó que se podrían hacer ajustes respecto de plazos que se estipulan, que habría que clarificar si ciertas atribuciones se dan a cortes de apelaciones o a la Suprema, y tercero, que se estarían dando atribuciones de carácter administrativo más que jurisdiccionales.

“En síntesis, refieren (las observaciones) respecto de tres materias dentro del procedimiento que se establece. El primero en que haya un ajuste respecto de los plazos y formas, y las distintas etapas del procedimiento a lo que hoy ya existe en procedimiento de carácter administrativo, para que haya coincidencia entre lo que se dice aquí y los procedimientos administrativos. Segundo, que se aclaren las competencias, porque en algunas partes aparecen traslapadas competencias de cortes de Apelaciones y de Corte Suprema, lo que es importante ajustar de modo que quede muy claro cuáles son los órganos competentes. Y por otra parte, (se observa) que se dan atribuciones a las cortes que más bien son propias de órganos administrativos y que no son propiamente jurisdiccionales, por lo cual consideramos que es importante hacer ajustes”, manifestó la magistrada.

En concreto, como se observa al comparar las observaciones y el artículo 9° de la ley corta, la Suprema pretende que se modifique, por ejemplo, el hecho de que plazos estipulados para ingresar reclamaciones por repartición de dividendos o una distribución de utilidades ante una Corte no coinciden con los fijados en la vía administrativa. Asimismo, se pide ajustar lo referente a que dichas reclamaciones no sólo se ingresen en la Corte de Apelaciones de Santiago, sino que en la Corte que corresponda según al domicilio de la institución cuestionada. Y también, que eventualmente se corrija lo que apunta a que las cortes pidan informe a la Superintendencia, ya que eso concurriría en la vía administrativa y no en la jurisdiccional.

El detalle más en extenso de dichas observaciones, dijo, se conocerá cuando emitan el informe, para lo cual tienen un plazo de 30 días desde la recepción del oficio en que se les pidió informe.

Durante el punto de prensa, además, la ministra Vivanco fue enfática en que el fallo pronunciado por la Tercera Sala en noviembre pasado es totalmente independiente de los proyectos en cuestión. Por tanto, insistió en que como poder independiente no tienen ninguna injerencia en la tramitación de ellos. Descartó, en el mismo sentido, aclarar si alguna de las dos fórmulas satisfacen el fondo del pronunciamiento.

Con todo, la jueza también remarcó que se han dado seis meses de prórroga y que, por lo mismo, espera que el fallo se cumpla. De lo contrario, dijo, quienes se vean afectados tendrán que hacerlo ver en las instancias que estimen pertinentes.

“Quienes son afectados por el incumplimiento lo tienen que hacer valer, porque una vez terminado el plazo viene una etapa de cumplimiento del fallo, y ahí es donde aquellos que se vean afectados, eventualmente, tienen que hacer los reclamos del caso si no se cumpliera. Pero insisto, que se han dado seis meses de prórroga precisamente buscando que el fallo se cumpla, y en consecuencia, no queremos ponernos en una escenario negativo, sino que al revés”, remarcó.

Consultado respecto del pronunciamiento del máximo tribunal, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró en 24 Horas que “lo que ha hecho el Pleno es algo bastante predecible desde el punto de vista de la reforma constitucional, porque la reforma constitucional no abarca atribuciones o competencias nuevas de los tribunales de justicia”.

Asimismo, en relación al proyecto que envió al Ejecutivo, indicó que “la Corte también ha advertido que no va a emitir pronunciamiento sobre ese proyecto, salvo en aquellos artículos, particularmente el noveno, que es el que le entrega competencia a los tribunales en materia de reclamación en los casos específicos que ahí se regula. Yo sé que existía mucha expectativa, pero desde el punto de vista estrictamente jurídico no era esperable si no lo que acaba de resolver la última sala”.

Por su parte, el senador Matías Walker (Demócratas), uno de los patrocinantes de la reforma ingresada en diciembre pasado, catalogó como “correcto” lo informado por Vivanco, por cuanto “no pueden tener injerencia respecto de un proyecto de reforma constitucional, cuya competencia es del poder constituyente del Congreso”.

Adelantó, en la misma línea, que harán una revisión exhaustiva respecto de los ajustes propuestos por la Suprema. “Por lo tanto, se demostró que sólo le corresponde a la última sala pronunciarse respecto del cumplimiento o no de un fallo judicial. Además, esto abre la puerta a lo importante: ni el proyecto del gobierno ni nuestro proyecto tiene los votos para ser aprobado. Por lo tanto, necesitamos generar un acuerdo que permita continuar dándole cobertura a millones de chileno sin afectar la viabilidad de sistema de salud”, acotó.

Desde la Comisión de Salud del Senado, en tanto, el senador Juan Luis Castro (PS), quien preside la instancia, indicó que lo señalado por la Suprema no tendrá efecto en los ritmos legislativos. “El ritmo legislativo del proyecto de ley corta se mantiene inalterable. Por lo tanto, seguiremos tramitando y discutiendo cómo se aplica el fallo de la Suprema para que no haya perdonazo, sin que se afecte la viabilidad del sistema”, comentó.

Su par UDI Sergio Gahona, por su parte, aseguró que “el pronunciamiento (respecto de la ley corta) es de carácter formal, en concordancia con las atribuciones constitucionales que tiene la Corte Suprema respecto de proyectos de ley, que es emitir opinión sobre normas que versen sobre la organización y atribuciones de los tribunales de justicia. Es además positivo que, según lo expuesto por la ministra Vivanco, esto se haya resuelto por la unanimidad del Pleno”.