El primer año de vigencia de la Ley de Aborto se vivió con intensidad en el gremio, cruzado por tendencias proaborto y objeciones de conciencia. Desde el Colegio Médico, la tarea no ha sido fácil. "Hemos entendido que debemos implementarla, protegiendo, por un lado, las garantías de las mujeres y, por otro, los derechos de los médicos", dice su presidenta, Izkia Siches.

¿Cómo evalúa el primer año de la ley, con 702 casos en que se configuraron las causales y 535 abortos realizados?

Los números son claros, en que las mujeres no hacen interrupciones de sus embarazos por deporte, que son responsables en tomar esta decisión y desmienten que esta norma sea una puerta de entrada al aborto libre. Sin embargo, son cifras lejanas a las estimadas inicialmente, 2.500 a 3.000 embarazos por año, en los que se presentara alguna de las tres causales, y esto es un llamado a ver qué está pasando con ese delta. ¿Hay mujeres que no accedieron? ¿Casos que no se notificaron? ¿Equipos de salud que no quieren cursar la ley por una mirada punitiva? Esta diferencia dice que la ley no está correctamente implementada y se necesita que el Ministerio de Salud lo verifique.

¿Ha costado implementarla?

Ha sido diverso. Hay culturas institucionales con 100% de objeción y otras donde ninguno objeta. En algunos lugares ha existido algo de control de parte de la tendencia mayoritaria y eso tiene que ver con los liderazgos locales. Esperamos que el ministerio sea claro en esta materia y que no existan colegas que se sientan coercionados a tomar una decisión, en un sentido u otro. Tenemos información de médicos que han vivido maltrato de sus superiores por sus posturas y lugares donde se los ha llamado a firmar la objeción de conciencia casi como una orden. Hay denuncias de que, para la causal de violación, se ha forzado la postergación de la intervención para sobrepasar los plazos legales. Es decir, hay casos puntuales donde la implementación ha sido más problemática.

Como gremio, ¿de qué manera han intervenido?

Aclarando las materias e informando, protegiendo al mismo tiempo la objeción institucional y a los médicos que se han alineado con la ley, porque el derecho a las mujeres de acceder a estos procedimientos no puede ser obstruido. Han surgido dudas, porque además de los temas valóricos hay focos legales.

¿Qué desafíos tiene la ley?

El Ministerio de Salud debe ser claro en que la implementación no tiene doble lectura y quienes la transgreden deberán enfrentarse a sumarios y sanciones, porque acá está de por medio un derecho de las mujeres. Falta claridad de que la red está funcionando, tanto la pública como la privada. Yo saludo a las más de 150 mujeres que, calificando en esta ley, optaron por proseguir su embarazo, porque también quedaron protegidas en esta legislación, que, especialmente en los casos de mujeres que han sido víctimas de una violación, no son incubadoras que tengan que terminar su proceso, pues ninguna mujer está llamada a ser mártir. Por ello, para algunas mujeres terminar el embarazo puede ser sanador y para otras no y eso es algo que ha quedado protegido en la legislación chilena.