En la segunda decisión del mismo tipo adoptada por la congregación católica en lo que va de la semana, la Compañía de Jesús determinó expulsar al sacerdote Jaime Guzmán Astaburuaga, tras concluir el proceso administrativo penal por abusos contra menores que la Congregación para la Doctrina de la Fe encargó al superior general de los jesuitas, Arturo Sosa SJ.
La apertura de dicho proceso había sido decretada el 7 de noviembre. El religioso también fue privado del estado clerical, según confirmó la agrupación religiosa, desde la cual se detalló que fueron 81 los denunciantes del sacerdote.
"El superior general de la Compañía de Jesús ha determinado la dimisión del estado clerical y la expulsión de la Compañía de Jesús de Jaime Guzmán Astaburuaga SJ", señaló el documento.
"Todos los antecedentes del proceso administrativo penal han sido enviados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que deberá confirmar la pena impuesta", añadió la nota oficial.
Asimismo, el 23 de agosto la congregación había informado el caso al Ministerio Público, a través de la Unidad de DDHH, Violencia de Género y Delitos Sexuales.
"Es algo que esperaba", dijo Daniel Palacios, denunciante, tras conocer la expulsión del sacerdote. "Me hubiese gustado que el comunicado hubiera sido más claro respecto de las circunstancias de los abusos", agregó.
Sobre la eventual solicitud de reparaciones, Palacios señaló no haber abordado dicho tema aún.
El lunes, la Compañía de Jesús había adoptado una sanción similar contra el sacerdote Leonel Ibacache, sobre quien pesan cinco denuncias de abusos contra menores de edad.
Cita con la Compañía
Helmut Kramer, víctima de Ibacache, indicó que en las próximas semanas denunciantes tienen previsto iniciar conversaciones con la Compañía. "Para nosotros, los jesuitas lo tienen claro: no hay justicia real si es que no hay reparación", enfatizó.
Tras el cierre de ambas investigaciones, se acerca el momento en que se adopte una resolución sobre las indagaciones en torno al fallecido capellán del Hogar de Cristo Renato Poblete, quien acumula denuncias de alrededor de 15 personas.
Otro caso pendiente es el del exprovincial Eugenio Valenzuela, quien solicitó la dimisión del estado clerical. Los antecedentes son revisados actualmente por la Congregación Para la Doctrina de la Fe en Roma.
