Joaquín Lavín Jr. en la cornisa: las pruebas que lo tienen al borde del desafuero

“‘Flyer ley tenencia responsable de mascotas’. Producto entregado el 30 de marzo”.

Esta es una de las instrucciones para el llenado de la glosa de una factura que envió por WhatsApp Arnaldo Domínguez, estrecho asesor del diputado Joaquín Lavín León (ex UDI), a la secretaria de la imprenta MMG y Totalprint.

La conversación -a la que tuvo acceso La Tercera- fue extraída por la PDI desde el celular que le fue incautado al coordinador del equipo del parlamentario.

Hasta ahí podría ser una instrucción cualquiera para un proveedor de insumos de un congresista, para lo cual la Cámara tiene estipulado un ítem de rendición de gastos. La idea es que los diputados puedan mandar a confeccionar y difundir folletos sobre el trabajo que desarrolla el Poder Legislativo. En este caso, supuestamente se estaban pagando servicios de panfletería para informar al ciudadano de a pie del funcionamiento de la “Ley Cholito”.

A fin de año, los parlamentarios rinden estos gastos y el Estado procede a realizar la devolución respectiva. Pero ¿cuál fue el problema de este chat entre Domínguez y la secretaria?: que la Fiscalía Oriente determinó, mediante testigos y el registro del celular del asesor, que los servicios nunca se prestaron y que las facturas presentadas al Congreso Nacional por parte del diputado Lavín eran ideológicamente falsas.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago revisó estos antecedentes y procedió a autorizar a la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, a un allanamiento, pero no en cualquier lugar, sino que en la mismísima oficina que Lavín León tiene en la sede del Poder Legislativo en Valparaíso, la que se ejecutó el 29 de octubre del año pasado.

Todo esto, bajo sospechas de fraude al Fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible. Y es que, según se desprende de piezas del expediente, los dineros que le devolvió el Fisco al hijo del exalcalde de Las Condes fueron para pagar deudas de su propia campaña a la Cámara Baja.

En un inicio se le atribuyó a Lavín León -quien tiene calidad de imputado en el caso y a quien el mismo tribunal ya le levantó su secreto bancario- un fraude de más de $ 15 millones por las facturas falsas emitidas a MMG. Sin embargo, por estos días la Brigada Anticorrupción y la de Delitos Económicos se encuentran elaborando un peritaje contable clave, que podría quintuplicar la cifra del fraude.

Una vez el peritaje esté en manos de la fiscal regional Lorena Parra, en los próximos días, se procederá a pedir el desafuero del diputado, formalizarlo y solicitar prisión preventiva.

Un escenario del todo complejo, teniendo en cuenta que hoy su esposa, la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, está privada de libertad en la Cárcel de Mujeres, imputada de una serie de actos de corrupción que se entrelazan con el caso que tiene a Lavín Jr. en la cornisa.

Testigo J.S.M: “Lavín es una factura prestada, no es un servicio”.

Desde el teléfono incautado a uno de los socios de la imprenta MMG, y que en una de sus tres declaraciones ante Fiscalía manifestó tener miedo a represalias, se extrajo la anterior conversación. Ahí confiesa a un tercero que las emisiones de documentos tributarios al diputado, entonces militante de la UDI, no correspondían a servicios verdaderamente prestados.

Ante los policías, en un interrogatorio luego de que se allanara su taller, profundizó aún más y aseguró que de esta forma el congresista le pagaba deudas de papelería que le habían hecho para él y otros candidatos de la UDI en la campaña parlamentaria.

“Por ejemplo, él me debía $ 4 millones, yo iba facturando de forma mensual $ 700 mil, que luego Joaquín Lavín me pagaba, con lo que iba abonando a la deuda que tenía con la imprenta. Esa deuda provenía de la campaña electoral de Joaquín Lavín y de otros candidatos en relación con los cuales él solicitaba se imprimieran productos de campaña. Muchas veces eran también campañas en que aparecía él abrazando y dando apoyo a otros candidatos”, declaró J.S.M. el 16 de octubre del año pasado.

La PDI, en las pesquisas, ha centrado su mira en otra empresa, una creada por un excolaborador de Lavín y con la que se habría llevado a cabo el mismo “modus operandi”, con facturas de más de $ 75 millones.

En las solicitudes de medidas intrusivas de la fiscal Encina ante el tribunal, la investigadora ha dejado presente un dato no menor, y es el intento por parte de los imputados del caso de contactar a testigos y la sospecha de la destrucción de pruebas.

En una de las peticiones de entrada y registro, el Ministerio Público describe un extraño robo del MacBook del diputado Lavín. El 7 de mayo del año pasado, y luego de que a su asesor Arnaldo Domínguez se le incautara el celular al intentar hablar con un testigo del caso de Cathy Barriga, el parlamentario denunció en la 56° Comisaría de Peñaflor el robo de su mochila, en cuyo interior estaba su computador del trabajo.

El parte policial detalla que ese día se bajó a comprar a una Copec a la altura de Placilla, en la Ruta 68, a la altura del km 105, y cuando llegó a su casa se dio cuenta de que sus pertenencias no estaban. Lo extraño para los investigadores: ni la puerta ni los vidrios habían sido forzados y no había imágenes del hecho.

Con todo, la petición de desafuero también desarrollará otras hebras investigativas que surgieron de la “causa madre”, la investigación por fraude en Maipú que se inició por la querella del alcalde del Frente Amplio Tomás Vodanovic, patrocinada por el abogado José Pedro Silva. Entre ellas están: la toma de decisiones en desvinculación masiva a funcionarios contratados por la municipalidad, el reintegro de funcionarios previamente desvinculados y contratación de personas en favor propio y de terceros políticamente vinculados a Lavín.

La arremetida judicial de la Fiscalía y la PDI contra otro integrante del clan Lavín-Barriga está en curso.