Tuvieron que pasar cuatro años para que el comunero mapuche Facundo Jones Huala, líder del grupo transandino Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), volviera a presentarse ante un tribunal chileno. La última vez había sido en 2014, cuando era imputado por un atentado incendiario en la Región de Los Ríos. Después vino la fuga, la petición de extradición, su captura en el sur argentino y hasta gestiones ante la ONU pidiendo su liberación.

Ya en suelo chileno, con un amplio dispositivo de seguridad a su alrededor, el argentino llegó primero ante la Corte de Apelaciones de Valdivia. "¿Nacionalidad?", le preguntaron los jueces, a lo que Jones Huala respondió: "Mapuche".

Luego fue trasladado hasta el Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia. Allí estuvo callado ante el magistrado y se le vio tranquilo, ante la solicitud de prisión preventiva que la fiscalía pidió para él.

Jones Huala es uno de los líderes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), y en 2017 fue uno de los voceros de quienes reclamaban por la desaparición del argentino Santiago Maldonado en Argentina. Su figura causó distintas reacciones en el país transandino, incluso protagonizó una tensa entrevista con el periodista Jorge Lanata.

A su llegada a Chile, Jones Huala, sin embargo, tomó una decisión, la que comunicó a la PDI y a la fiscalía: iniciaba una huelga de hambre, como protesta al proceso en su contra.

El subprefecto Ricardo Quiroz, jefe de Interpol Chile, detalló que Huala "era buscado desde 2013 por un delito que se le imputa cometido en enero de ese año en un fundo de la localidad de Río Bueno. Posteriormente, el 2015 fue buscado internacionalmente a través de una notificación roja de Interpol. Culminando el 2017 con su detención por parte de la policía argentina".

El Tribunal de Valdivia estimó la necesidad de cautela para Huala, y dictaminó la prisión preventiva, hasta que se inicie el juicio en su contra, el 4 de diciembre. Allí, la fiscalía presentará pruebas que supuestamente lo vinculan como autor del delito de incendio y tenencia ilegal de armas.

El fiscal jefe de Río Bueno, Sergio Fuentes, explicó que el Ministerio Público pide por el delito de incendio una pena de 12 años y por la de tenencia ilegal de armas de fuego, tres años y un día.

En tanto, el defensor de Jones Huala, Luis Soto, consideró excesiva la medida cautelar contra su representado.