Jordhy Thompson a Rusia: ministra Orellana acusa “problema estructural” asociado a casos de violencia contra la mujer

En el marco del Día Nacional Contra el Femicidio que se conmemora cada 19 de diciembre desde el año 2020, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, dio a conocer este martes el Informe Anual del Circuito Intersectorial de Femicidios, reporte que consigna 250 femicidios registrados en el 2022, entre consumados, tentados y frustrados.

En ese marco, la autoridad de gobierno fue consultada por la decisión de la justicia que permitirá a Jordhy Thompson seguir con su carrera futbolística en Rusia.

Esto, luego que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago optara por suspender durante seis meses la medida cautelar de arraigo nacional que mantenía para el jugador formalizado en noviembre por el femicidio frustrado en contra de su pareja, Camila Sepúlveda. El tribunal le aplicó una multa de $100 millones y le entregó la opción de salir del país.

“Yo creo que aquí no estamos hablando de una carrera futbolística, sino que estamos hablando de la vida de una mujer y por lo tanto debiera ser esa la medida central en la que se evalúen las decisiones. Estamos a la espera de la decisión que nuestra representada quiera tomar y vamos a respetar siempre su voluntad”, indicó la ministra, aludiendo la posibilidad de que Sepúlveda realice alguna ofensiva judicial ante este cambio en las medidas cautelares para el deportista que estuvo en prisión preventiva.

Se le recordó a la ministra que ella había asegurado que “aunque sea el Real Madrid”, el jugador no puede salir, a lo que precisó que ese planteamiento lo hizo porque había una medida cautelar vigente.

“Y aquí lo que se ha hecho es suspender la medida cautelar de arraigo nacional”, explicó.

Asimismo, la ministra Antonia Orellana evitó calificar la decisión del tribunal y planteó que hay un “problema estructural”

“Yo soy integrante del Poder Ejecutivo y por lo tanto no me corresponde referirme a las decisiones judiciales. Lo que sí puedo hacer es referirme a cifras como la que hemos entregado acá. Y lo que nos muestran las cifras acá es que en un 55% de los casos había denuncias anteriores. Y por lo tanto tenemos un desafío todos, no solamente las instituciones del Ejecutivo o Carabineros de Chile y la PDI, sino que todas las instituciones, de poder medir la gravedad de los hechos desde un inicio”, expuso.

Orellana sostuvo que “lamentablemente esto es un problema estructural. Así lo ha señalado el fiscal nacional, Ángel Valencia, como uno de los desafíos que quiere abordar en su gestión, que es el alto número de archivo provisional de suspensión de los procedimientos cuando se trata de violencia contra las mujeres”.

Según el Informe Anual del Circuito Intersectorial de Femicidios, en 2022 hubo 43 femicidios consumados (17,2%), 180 frustrados (72%) y 27 tentados (10,8%). Estas cifras dan cuenta de un aumento constante en el número de femicidios frustrados durante los últimos años: de 151 en 2020; 163 en 2021, a 180 en 2022.

“Hemos recorrido un largo camino de las mujeres desde el retorno a la democracia, la dictación de la ley de violencia intrafamiliar 20.066, la ley que tipifica el femicidio el año 2010, la ley Gabriela que incorpora el pololeo y las relaciones sin convivencia el año 2020. Y lo que podemos decir de otras cifras, como la encuesta nacional de violencia intrafamiliar que realiza la Subsecretaría de Prevención del Delito, es que la mayoría de las chilenas ya sabe que la violencia es algo denunciable”, planteo la ministra Orellana.

La autoridad precisó que existen diferencias en nivel rural y urbano y a “nivel rural todavía cuesta mucho que se denuncie la violencia psicológica”.

“Hoy nos toca trabajar en por qué no se denuncia o por qué se desiste de la denuncia. Y en ese sentido tenemos muy claros los desafíos. Un mejor seguimiento a las medidas cautelares y de protección, una mejor interacción de los sistemas de garantía, de los tribunales de garantía, de los tribunales penales, con los tribunales de familia, porque no se entiende que al día de hoy un mismo poder le diga a una mujer ‘usted está en peligro y está en tanto peligro que yo le voy a poner una cautelar de alejamiento, pero al mismo tiempo usted debe romper esa cautelar de alejamiento una vez a la semana’ para que los niños se vayan con el agresor. Y, en tercer lugar, y a propósito de eso, incorporar a los niños y niñas como víctimas y no solo como testigos”, detalló la secretaria de Estado.

“Este informe nos cuenta de más de 400 niños y niñas que fueron víctimas indirectas de femicidios frustrados, femicidios concretados y femicidios tentados. De ellos, además, más de 60 estaban presentes en el momento de los hechos. Y, por lo tanto, es hora de que actualicemos, tal como le hemos propuesto al Congreso en la Ley Integral, la legislación para incorporar a los niños. No solamente para poder hacer justificación, para poder proteger de mejor forma durante el proceso de denuncia y de juicio, sino también para poder cambiar esto a nivel generacional y que podamos por fin ver a futuro un descenso en las cifras”, dijo.

“Hubo un aumento de las llamadas de emergencia durante la pandemia, pero producto del encierro y de la falta de presencialidad, no hubo una judicialización mayor. De hecho, la Contraloría General de la República publicó a mediados de este año un informe crítico respecto a cómo fue la respuesta estatal durante la pandemia y es en base también a ese informe que nos encontramos todas las instituciones trabajando para ir solucionando esos espacios vacíos en los cuales lamentablemente perdemos la vida de mujeres”, advirtió.