Jorge Díaz (DC), gobernador de Arica y Parinacota: “La reconducción ha sido una de las políticas públicas más fracasadas y ahí es donde Cancillería está al debe”

Desde el 27 de febrero que las Fuerzas Armadas están desplegadas en la zona fronteriza de la Macrozona Norte, luego de un acuerdo entre el gobierno y la oposición para el resguardo de infraestructura crítica en caso de peligro grave o inminente para el país.

A un mes de la implementación de la medida, el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz (DC), entregó un balance de cómo ha cambiado el escenario luego del despliegue militar: las reconducciones han superado las 650, siendo Perú el país que concentra gran parte del porcentaje de estos trámites. No obstante, el proceso ha presentado dificultades, puesto que, según Díaz, las reconducciones se siguen generando por pasos no regularizados.

“Hemos visto en todo este tiempo, desde que se promulgó la nueva Ley de Migración y Extranjería, que la reconducción es una figura que no ha servido para nada. En el caso de Bolivia, la reconducción es inexistente. Con Perú es irregular, porque una vez que ingresa esa persona al país, se le lleva a un recinto policial, se le hacen los trámites de reconducción y cuando se le reconduce, no lo hacen por un paso fronterizo habilitado, lo vuelven a hacer por un paso no habilitado”, expresó en su momento el gobernador.

¿Cuál es su visión del resguardo de fronteras en manos de militares?

Esta fue una petición que veníamos haciendo hace mucho tiempo. Y no solo yo como gobernador, sino que también los consejeros regionales, los alcaldes, la ciudadanía en general. Cuando eso se provoca por primera vez, incluso estaba la anterior ministra del Interior, nosotros oficiamos para que se incorporara la presencia militar en zonas críticas. Eso finalmente derivó en esta Ley de Infraestructura Crítica que me parece que es algo positivo, porque la capacidad de las policías, Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI), no era suficiente para la cantidad de frontera que había que resguardar. Una vez que se ha incorporado esta ley hemos visto que ha disminuido la cantidad de personas que ingresan por pasos irregulares al país.

¿Cuántas personas han sido reconducidas hasta la fecha?

Hasta este martes se contabilizó un total de 678 personas reconducidas. Pero no se tiene claridad respecto de las personas que siguen pasando -hasta el día de hoy- de manera irregular.

¿Cómo ha funcionado el despliegue militar en la zona?

Creo que este ha sido un buen balance de infraestructura crítica. En un principio existían muchos mitos de cómo va a haber militares con armas en las fronteras, que eventualmente eso se podía descontrolar. Hasta la fecha hemos visto que eso no ha sido así. Los militares cumplen una función de suspender el tránsito de la persona, además de estar a disposición de las policías para que se provoque la reconstrucción y así colaborar en el proceso. Por lo tanto, no han existido mayores conflictos y dificultades en ese sentido.

¿Qué problemas ha presentado el mecanismo de reconducción de personas migrantes?

Primero, la reconducción con Perú es irregular y no se hace por un paso habilitado y eso es una complejidad. Es necesario que con países vecinos haya entendimiento a través de las Cancillerías. En segundo lugar, es necesario recalcar que con Bolivia tampoco existe la reconducción. Eso se niega y el Presidente de ese país abrió la posibilidad solo si antes se inician discusiones respecto de un tema marítimo que está absolutamente zanjado. Esto demuestra que la reconducción ha sido una de las políticas públicas más fracasadas y ahí es donde Cancillería está al debe.

¿Se han comunicado estas preocupaciones a las autoridades?

En su momento conversé con la canciller subrogante anterior, pero con el nuevo no he tenido la oportunidad de hacerlo. Pero sí a la canciller subrogante anterior le manifestamos esta preocupación. Ella nos comentó en su momento que había consenso al respecto de esta ley y que ellos iban a establecer espacios de diálogo. Pero lo que hemos visto en los hechos es que ya va más de un año de la entrada en vigencia de esta ley y la situación se complejiza cada vez más. Otra de las preocupaciones que hemos externalizado es que el despliegue de militares es una medida que solo dura 60 días, luego de ese plazo la frontera volverá a quedar desprotegida. Lo que se requiere son medidas de carácter permanente. La Región de Arica y Parinacota no va a dejar de ser una región fronteriza en 60 días.

¿Cómo podría extenderse el despliegue de militares en la región?

A través de una modificación constitucional o quizá al alero de este nuevo proceso constitucional que se inicia a través del Comité de Expertos. Ahí se haría necesario revisar cuáles serán las funciones que deben cumplir las Fuerzas Armadas, porque eventualmente se podría establecer dentro de estas el resguardo de las fronteras en tiempos de paz. Esa discusión se ve necesaria y de esos tres aspectos me parece importante que la Cancillería tome un rol mucho más protagónico respecto de esta materia.

¿Se ha logrado un control en la zona fronteriza?

Solo un poco. Creo que va a ser complejo un control del 100%. La extensión de la frontera que colinda con Perú y Bolivia es gigante. Esa es la frontera que tenemos que resguardar y proteger. Cualquier despliegue militar va a tener siempre esas dificultades.

¿En qué estado se encuentra la situación migratoria actual en la región?

El año pasado tuvimos una alta tasa de homicidios, donde un 40% de los imputados eran extranjeros que ingresaban por pasos irregulares. Aproximadamente, cerca del 30% de la población carcelaria de Arica está compuesta por extranjeros. Esto no es con el ánimo de estigmatizar, pero una parte de las personas que entran por pasos irregulares estaban vinculadas a delitos de alta connotación pública y, además, existía la particularidad de que este tipo de homicidios estaba vinculado a bandas internacionales, como el Tren de Aragua. Eso a nosotros nos caló muy profundo, pese a que acá en Arica no tenemos ninguna competencia vinculada a seguridad pública.

¿Cómo han logrado evidenciar el despliegue de migrantes irregulares en el sector?

La frontera queda muy cerca de la zona urbana. El flujo con Tacna es permanente, de hecho, antes de la pandemia transitaban más de siete millones de personas al año, era el paso fronterizo internacional más transitado del país. Incluso, en su momento superó al aeropuerto Arturo Merino Benítez. Es un paso fronterizo importantísimo. El año pasado se efectuó un estudio por parte de un organismo internacional donde estuvieron nueve horas encuestando a personas que estaban en el terminal de buses de Arica. Ahí se consultó a más de 180 personas, de las cuales un 95% tenía como destino final la Región Metropolitana o de Valparaíso; un 3% iba a regiones y solo el 2% se quedaba en Arica y Parinacota. Por lo tanto, cuando nuestra región alza la voz en el sentido de que las fronteras se tienen que controlar es porque las consecuencias muchas veces no son solo a nivel regional, sino también nacional y comunal.

¿Qué se ha hecho desde el gobierno regional para enfrentar esta situación?

Nos hemos preocupado de entregar recursos y herramientas a todo el sistema de persecución penal. Lo que nosotros hemos hecho con el fondo regional es financiar el Sistema de Registro Biométrico, que permite un registro facial y de voz de todas las personas migrantes que entran por paso irregular a Chile y que está conectado con bases de datos nacionales e internacionales de Interpol. La próxima semana vamos a lanzar este sistema, que va a ser la única región policial del país que va a contar con un sistema como este.

Pero el avance en tecnología no solo ha sido para Carabineros y la PDI, sino que también tuvimos un programa inédito que permitió fortalecer las capacidades de la fiscalía regional para crear una unidad especializada en el combate contra el crimen organizado, que no solo incrementó en un 40% la dotación de personal de la fiscalía regional, sino que, además, incorporó muchos softwares, tecnologías, vehículos blindados, además una fiscalía móvil que cada vez que se produce un homicidio viene un equipo de profesionales de la unidad que se instala en el sector para buscar antecedentes y encontrar a los imputados.

¿Cuántas personas han sido detenidas por ilícitos en la frontera?

La migración en Chile siempre ha existido, sobre todo en una región fronteriza. Y lo va a seguir siendo. Pero lo que realizamos es que junto con esta ola migratoria hemos buscado un compromiso de trabajar por el desarrollo de la región y del país, donde ingresan dentro de esa ola migratoria otro tipo de factores: hay narcotráfico, tráfico de armas; también trata de personas, ingresan bandas de crimen organizado internacional y eso es algo que no podemos permitirnos. La migración en Chile siempre ha existido, pero siempre ha sido selectiva, nosotros sabemos quién ingresa al país y quién no. Y siempre ha existido control respecto de ese tema, pero ahora nadie puede aseverar ni identificar una cantidad de personas que han ingresado por pasos irregulares al país y que se encuentran en Chile, y eso es algo que me parece grave.

¿Hay menos seguridad en las ciudades para el resguardo de las fronteras?

Una de las atenciones que hicimos al Ministerio del Interior era que cuando se calculan las dotaciones de Carabineros y PDI, lo que se hace es establecer una fórmula para todo Chile que se hace en base a la cantidad de habitantes, el tipo de delito, connotaciones de los delitos que se registran y en base a eso se fijan las dotaciones. Pero en esa fórmula no se considera el factor frontera y mi región tiene dos pasos fronterizos, que lo que se hace es destinar parte de la dotación de Carabineros y PDI, que también está destinada al resguardo de la zona urbana, para trasladarlos al sector frontera, y eso en desmedro de los vecinos y vecinas de Arica y Parinacota, porque cargamos nosotros con el hecho de ser la región frontera. Porque si nos comparamos con la Región del Ñuble, que no tiene frontera, la dotación en un 100% está destinada a lo otro (zona urbana). Eso es algo que debe cambiar.