El abogado Juan Carlos Manríquez asumió la defensa de la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC) en el marco de su investigación por una de las artistas del caso Sierra Bella.

El penalista -quien también forma parte de la defensa del exalcalde Daniel Jadue y de la familia de Ronald Ojeda- emitió una declaración en la que acusa que los derechos fundamentales de la diputada fueron vulnerados tras las diligencias efectuadas en su contra el pasado lunes 3 de marzo, mismo día en que la parlamentaria dio a luz a su hijo.

En el procedimiento encabezado por la fiscalía regional de Coquimbo y la PDI se allanó el domicilio de la diputada y se realizó la incautación de su teléfono. Operativo que, según acusa el abogado, se realizó en base a “información incompleta, desprolija y errónea”.

En ese contexto, Martínez acusó que los efectivos policiales terminaron “prácticamente queriendo ingresar hasta la sala de parto donde ella se encontraba dando a luz esa misma mañana”, situación que “no podía ser ignorada por los policías, que además estaban apostados días antes y, a propósito de su seguridad, sabiendo perfectamente dónde se encontraba”.

Nulidad de la diligencia

El defensor anunció que “hemos pedido la nulidad de todos los actos, consecuencias y efectos de esa diligencia indebida. Le hemos hecho saber al tribunal que fue presa de esta cadena de errores, desprolijidades y omisiones”.

Asimismo, los hechos también fueron denunciados ante la Policía de Investigaciones, puesto que, según acusó el abogado, fue “un oficial varón de la PDI quien ejecutó dicha medida intrusiva e incautación del teléfono móvil en el mismo momento que la diputada estaba dando a luz su primer hijo”.

Según detalló el abogado, el actuar del funcionario de la PDI fue “prepotente, desprolijo y descuidado” y generó un altercado al momento en que se encontraba dando a luz Cariola, en el que se habría “amedrentando con un escándalo en la clínica al padre del menor”, el diputado Tomás de Rementería.

El abogado también señaló que debido a que representa una vulneración en políticas de género y a su vez los derechos del recién nacido, el hecho fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Filtración de chats

El abogado también se refirió a la filtración de conversaciones de la diputada con la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en las que se abriría una arista de investigación por tráfico de influencias.

En las conversaciones se evidenciaría una intención de Cariola de ayudar un empresario chino, hecho que, según acusó el abogado, gatilló en una “campaña de desinformación”.

“La continuidad de errores, faltas y desprolijidades ha llevado a una profusa difusión en medios con otra filtración de ese informe policial incompleto, erróneo y mal hecho, a una campaña de desinformación que nos ha obligado a aclarar las distintas líneas de confusiones que esas diligencias han producido en la opinión pública”, continuó.

“Hemos puesto a disposición del tribunal todos los antecedentes que se le omitieron, como que jamás se renovó una patente comercial de un comerciante extranjero, por interés de ningún tipo, que esta había sido caducada por acuerdo unánime del concejo municipal de Santiago”, explicó el abogado.