Jueces de Latinoamérica critican modelo "monárquico" de la Suprema

La Federación Latinoamericana de Magistrados (Elam), organismo fundado en 1977 y que reúne a las asociaciones de jueces de los países de la región, emitió su última declaración en Brasilia el 18 de abril pasado.

Los magistrados expusieron las situaciones actuales de los poderes judiciales de sus países y detectaron la existencia de hechos que podrían vulnerar la independencia judicial. Según la declaración, entre las denuncias presentadas y que "afectan nuestra labor" de jueces, se advierte específicamente el caso de Chile.

El documento dice que se ha detectado "la existencia de modelos monárquicos, que confieren a la Corte Suprema las facultades del gobierno de los jueces, sin reglas que aseguren la diafinidad (limpieza), tales como ocurre en Chile". En el escrito, además, se cuestionaron los métodos de designación de los magistrados, que también recae en el máximo tribunal del país.

Por ello, la federación estableció "exhortar al Poder Ejecutivo de Chile enviar al Congreso un proyecto de reforma constitucional que asegure la independencia de la magistratura en la línea propuesta por la Asociación de Magistrados de Chile".

El presidente de la entidad, Álvaro Flores, explicó que plantean la creación de un organismo independiente del Poder Judicial, que esté a cargo del nombramiento de los jueces, de la carrera judicial, de los sumarios disciplinarios, todas áreas que hoy decide la Corte Suprema.

"Esto permitiría a las cortes abocarse exclusivamente a la función jurisdiccional, superando la hipertrofia gerencial que los asfixia y su nada justificada esfera de influencia en decenas de asuntos de naturaleza no jurisdiccional que hacen crisis, tales como nombramientos, agendas corporativas y administración de bienes", dijo Flores.

Desde el Ministerio de Justicia indicaron, al respecto, que se encuentran trabajando en un proyecto que permita que el proceso de nombramiento de jueces sea más transparente y menos discrecional.

En especial, indican que están consensuando con diversos sectores relacionados con la materia un mecanismo que tenga transparencia y publicidad en todas sus etapas, para que los jueces sean designados tomando en consideración su experiencia, trayectoria, preparación y desempeño anterior, vale decir, explicaron en el Ejecutivo, un sistema que esté fundado en el mérito.

En tanto, el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, declinó referirse al tema.

Posturas contrapuestas tienen los exministros de Justicia respecto de la creación de este organismo independiente al Poder Judicial.

De acuerdo a José Antonio Gómez, exjefe de la cartera durante la administración de Michelle Bachelet, "este es un debate que se viene dando desde hace muchos años, sobre cuál es el gobierno judicial que hay que tener. En algunos países está en el Consejo de la Magistratura, que es una organización que está fuera de la estructura del Poder Judicial, con una representación distinta".

Sin embargo, explicó que pese a las intenciones de la asociación, "nunca se ha podido concretar, siempre ha existido una oposición a modernizar el sistema de administración. Pero yo creo que, efectivamente, la Corte Suprema en Chile tiene todas las atribuciones y facultades, y debiera en algún minuto pensarse en buscar un sistema de gobierno judicial distinto, pero para eso se requieren consensos políticos muy altos y no han existido en muchos años".

Por su parte, el exsecretario de Estado en el primer periodo de Sebastián Piñera, Teodoro Ribera, dijo que "existe, a nivel de la asociación de magistrados, un sector que propugna que debe haber un gobierno judicial, donde la Corte Suprema carezca de las atribuciones correccionales y administrativas del Poder Judicial y traspasar esto a órganos diversos, como puede ser el Consejo de la Magistratura".

Rivera apuntó a que este organismo "ha tenido resultados diversos en los países en que se ha implementado, en muchos de ellos ha conllevado una politización muy severa del Poder Judicial y, por tanto, es un tema complejo. No soy partidario de un Consejo de la Magistratura, por las consecuencias nefastas que se han producido en países latinoamericanos y europeos".