En la tercera jornada de formalización de cargos en contra de Cathy Barriga, el 9° Juzgado de Garantía de Santiago decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional en contra de la exalcaldesa de Maipú. Además, tiene prohibición de acercarse a los testigos e imputados de la causa.
De esta manera, este jueves el juez Hugo Salgado resolvió no acoger la petición de la fiscalía en cuanto a las medidas de cautela, que era de prisión preventiva. Este miércoles se había establecido un plazo de 120 días para la investigación en contra de la ex jefa comunal.
En la jornada final de la audiencia de formalización, el magistrado sostuvo que en el caso de la exmodelo no existe peligro para la sociedad, tampoco riesgo de entorpecer la investigación, ni de fuga.
Cathy Barriga fue formalizada por delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. La Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Metropolitana Oriente le imputa a la exmodelo una serie de ilícitos que tuvieron lugar entre 2016 y 2021, cuando lideró la administración municipal de una de las comunas más pobladas del país.
En total, son cinco hechos constitutivos de delito en los que Barriga tendría responsabilidad y que fueron detallados por la fiscal regional Lorena Parra, y la fiscal especialista en delitos económicos Constanza Encina. Según las persecutoras, Barriga lideró la instalación de una “gobernanza fraudulenta” en Maipú, provocando un perjuicio al erario público superior a los 30 mil millones de pesos.
La solicitud del ente persecutor, en tanto, se sostenía en que existe una sospecha grave y fundada que la imputada pueda obstaculizar la investigación. En esa línea, se enfatizó en la cuantía del presunto daño.
En comparación con otros casos de connotación pública relacionados a investigaciones por defraudaciones, este sería bastante superior, apuntaron las acusadoras. Por ejemplo, el monto que se habría defraudado en el Caso Democracia Viva es de $391 millones, la cifra que se investiga en Vitacura es de 750 millones y en Algarrobo de 1.069 millones. El caso fraude de Carabineros asciende a 28 mil 300 millones de pesos.
Al comparar esas cifras con los dineros presuntamente malgastados en Maipú, se podría decir que se trata de 55 casos Democracia Viva, 28 de Vitacura, 20 de Algarrobo y 914 veces el monto por el que fue condenada la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo. “No cabe duda de que nos encontramos frente a uno de los fraudes más cuantioso que se ha conocido en la historia municipal de nuestro país”, dijo la fiscal Constanza Encina.
De acuerdo a los argumentos del Ministerio Público, Cathy Barriga “defraudó o permitió que se defraudara el patrimonio fiscal gracias a la implementación de una estructura orgánica administrativa de disponibilización fraudulenta de recursos y la instalación de una gobernanza fraudulenta, tendientes a descomponer, impedir y bloquear los mecanismos de control”.
Entre las imputaciones, se señala que la exalcaldesa “realizó u ordenó realizar con patrimonio fiscal multimillonarias adquisiciones arbitrarias de bienes y servicios que no se condicen con las finalidades legalmente establecidas para los municipios, contexto en que también estableció contrataciones a honorarios improcedentes, todo ello financiado con fondos públicos”.
Sin embargo, en sus argumentaciones antes de decretar las medidas cautelares, el juez Salgado sostuvo que en cada una de las imputaciones faltan antecedentes, los que deberán ser integrados durante la investigación. Aunque dijo que con la información que se dispone ahora es posible “determinar que sí existe el delito”.
Durante esta jornada también se decretaron las medidas cautelares para la exjefa de la Secretaría Comunal de Planificación de Maipú, Ana María Cortés, otra de las imputadas en la causa. Al igual que Barriga, Cortez quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Seis imputados por cinco delitos
En el primer hecho dice relación con un fraude al fisco por medio de la modificación de certificados de disponibilidad presupuestaria de la Municipalidad de Maipú. En este, se imputan cargos contra Cathy Barriga y a su “círculo de hierro”: la exadministradora del municipio Andrea Díaz, la exjefa de la Secretaría Comunal de Planificación de Maipú Ana María Cortés, y el odontólogo que se desempeñó como coordinador general de la Alcaldía, Luis Japaz.
En la primera jornada de audiencia, este martes, y sopesando la colaboración de Andrea Díaz con la indagatoria, se estableció para ella las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Respecto a Japaz, se solicitó su prisión preventiva y el tribunal accedió a discutir esa medida en una audiencia este viernes 19 de enero, para dar tiempo a su defensa de conocer los antecedentes del caso.
En un segundo hecho, por el delito de falsificación de instrumentos públicos se imputa a Barriga y a María Isabel Palma Barros, que durante 2017 ejerció como subrogante en la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) y que entre 2018 y 2019 fue directora subrogante de control de la Municipalidad de Maipú. Palma también quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional desde el miércoles.
El tercero apunta a fraude al fisco mediante el pago indebido remuneraciones, en el que se acusa a la exalcaldesa y a su antigua asistente Andrea Monsalve. Monsalve, de profesión secretaria ejecutiva, según la fiscalía, falsificó un título para desempeñarse como periodista del municipio. Al quebrarse su relación con Barriga, con acusaciones de haber sido agredida físicamente por su superior, Monsalve, conocida en medios de la comuna como “funcionaria fantasma”, presentó 49 licencias médicas y sumó 1.710 días de ausencia consecutivos. Un “acuerdo de confidencialidad” habría permitido mantener esta situación en las sombras. El fraude en este punto ascendería a más de $110 millones.
En cuanto a la cuarta imputación, esta involucra a la esposa de Joaquín Lavín León en un delito de fraude al fisco por la adquisición injustificada de regalos protocolares, como los 30 mil peluches que compraron por trato directo por un monto superior a 54 millones y que quedaron arrumbados en bodegas del municipio y el millar de collares de cristales Swarovski cuyo destino se desconoce, a un valor superior a los $17 millones. “Un collar lo habría recibido doña Marlén Olivarí ¿Por qué? No lo sabemos”, expuso la fiscal Encina.
En el quinto hecho detallado por las fiscales, se le imputa a la exmodelo un delito de fraude al fisco por el mal uso de los fondos públicos de la Corporación Municipal de Educación, (Codeduc). A partir de los Fondos de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), se adquirieron mochilas con el logo corporativo de la gestión de la exalcaldesa y de kits escolares para estudiantes de colegios particulares. Esto habría tenido un valor de al menos $123.620.175 y $20.944.191, respectivamente, pese a que correspondían a “finalidades ajenas a aquellas legalmente establecidas para la ejecución de fondos FAEP”.
