Los abogados Mauricio Daza y Carlos Hidalgo, querellantes del caso incendios que tiene formalizados a tres ejecutivos de la empresa Compañía General de Electricidad (CGE) por su presunta responsabilidad en cinco incendios forestales registrados en la Región de O'Higgins en 2017, presentaron una denuncia por prevaricación y cohecho en la Fiscalía Metropolitana Sur en contra del suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta.

Elgueta fue formalizado a fines de abril por dicha fiscalía en una causa en la cual se le imputan los delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito. El magistrado, junto a otros dos jueces de Rancagua, además enfrenta un sumario en la Corte Suprema por tráfico de influencias y faltas a la probidad, que lo tienen al borde de la destitución.

En la denuncia, se da cuenta de que uno de los imputados, el jefe de operaciones de CGE José Reyes, le confirió patrocinio y poder al abogado Gabriel Henríquez, sin revocar la representación de los otros defensores, entre los cuales estaba el penalista Cristián Muga. Como primera medida, Henríquez presentó junto a los otros abogados un recurso de apelación en contra de la medida cautelar de prisión preventiva que dictó el Juzgado de Garantía de Peralillo.

La denuncia relata que la apelación fue vista por la Segunda Sala del tribunal de alzada de O'Higgins, que al momento "de conocer las referidas solicitudes, tenía una integración ad hoc compuesta por el ministro Emilio Elgueta y en ciertas ocasiones por los ministros Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz, quienes se pronunciaron en reiteradas ocasiones acogiendo el fondo de las pretensiones contenidas".

El escrito, al que tuvo acceso La Tercera, señala que "el señor Emilio Elgueta, imputado en la investigación que usted dirige, intervino en las referidas audiencias acogiendo las presentaciones del abogado Henríquez, sin expresar ni hacer presente a las partes el vínculo de amistad que existiría entre estos, ni las comunicaciones personales sostenidas entre ambos, ni algún otro antecedente vinculado a los tratos existentes entre el señor Elgueta y el abogado Henríquez".

La denuncia, además, asegura que "llama profundamente la atención que al momento de presentar la apelación en contra de las medidas de prisión preventiva que se resolvieron por el juez de garantía de Peralillo, los imputados ya referidos hubieren conferido patrocinio y poder al abogado Henríquez, quien no solo aparece presentando ese recurso sino que además también alegó en estados, en desmedro de los abogados que en un principio lo estaban representando, muy probablemente pagados por la empresa CGE, y quienes son letrados de trayectoria que integraban en esa época uno de los bufetes de mayor prestigio en nuestro país, perfil muy alejado del que tiene el abogado Henríquez. Corresponde investigar, en este contexto si existieron pagos o beneficios indebidos por parte de privados a funcionarios públicos, a fin de omitir o realizar actos propios de su cargo, con infracción a los deberes de su cargo".

El escrito que presentó Daza e Hidalgo finalmente hace mención a las 116 llamadas telefónicas que compartieron Elgueta y Henríquez el año pasado, así como también al hecho de que Elgueta "votaba siempre a favor de las pretensiones del abogado Henríquez".