Juez Urrutia: Cordero dice que gobierno tiene “convicción jurídica de ilegalidad” de autorizar videollamadas a reos peligrosos

El ministro de Justicia, Luis Cordero, retomó este lunes sus labores en la cartera y sostuvo una reunión con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco.

Tras la cita, el ministro fue consultado por la disposición del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, para que internos de alta peligrosidad accedieran a videollamadas a familiares, decisión que motivó una presentación de Gendarmería ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Por esta situación, según el ministro, el tema no fue parte de la conversación con el mandamás del máximo tribunal.

“La decisión del juez Urrutia, en nuestra opinión, infringe las normas que regulan el derecho penitenciario, particularmente aquellas que están vinculadas a establecimientos de máxima seguridad. En esto el Ejecutivo ha sido muy enfático. Las regulaciones de establecimientos de estas características, la característica de las personas que están privadas de libertad ahí y la condición procesal de la que se encuentran, exige que respecto de ellas las comunicaciones telemáticas estén completamente restringidas”, sostuvo el titular de Justicia.

El pasado 25 de enero, el juez autorizó la comunicación para cuatro reos y una visita íntima para otro preso colombiano condenado a 15 años de cárcel por tráfico de drogas, que cumplen condena en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas). En respuesta a una solicitud de información de la Corte de Apelaciones, Urrutia planteó que su decisión “previene efectos desocializadores de la vida en prisión y mantiene red de apoyo mientras dura el encarcelamiento”.

Frente a ello, el ministro Cordero sostuvo que “el Ejecutivo tiene una convicción jurídica de la ilegalidad, que está discutiendo a través de Gendarmería en la Corte de Apelaciones de Santiago”.

“Aquí no está en discusión el derecho de esas personas a recibir visitas. Esas personas pueden recibir visitas. Las visitas deben cumplir con las obligaciones que tiene cualquier persona que asista a un establecimiento penitenciario, entre otras el enrolamiento. Se comunican a través de los medios que el establecimiento, el enrolamiento de máxima seguridad tiene disponible ese efecto. La discusión de este caso en particular tiene que ver con otra cosa y es la posibilidad de que exista comunicación telemática a través de un establecimiento de máxima seguridad con personas que se encuentran fuera del país. En opinión de Gendarmería, eso, y en opinión del gobierno, eso compromete la seguridad del establecimiento y la condición de máxima seguridad del establecimiento y la particularidad de las personas que están ahí”, explicó el ministro.

Cordero insistió en que “la posición del Ejecutivo es enfática sobre este tema”.

“En primer lugar, es una decisión que contraviene las normas que regulan establecimientos penitenciarios de máxima seguridad. En segundo lugar, no se han comprometido los derechos de las personas que están privadas de libertad al interior del establecimiento. Y en tercer lugar, en este punto el Ejecutivo tiene una sola opinión y es que, dada la naturaleza de la condición procesal de las personas que están ahí, los delitos que cometieron, explican entre otras cosas por qué se encuentran en el recinto que tiene mayor exigencia de seguridad al país, es razón más que suficiente para sostener la ilegalidad de esa decisión”, dijo.

Por otro lado, el juez Urrutia reportó al tribunal que tras conocerse su decisión recibió “más de siete amenazas de muerte por redes sociales”.

“Sobre las amenazas a cualquier autoridad pública, el Ejecutivo siempre ha sido enfático. Yo supongo que si esas denuncias las ha recibido el juez Urrutia, han sido oportunamente comunicadas a la autoridad respectiva, que sería el Ministerio Público, para estos efectos. El Ejecutivo no tiene constancia en antecedentes de eso y la autoridad competente es el Ministerio Público con ese fin”, señaló el ministro Cordero.

La autoridad de gobierno evitó hacer alusión a las amenazas que se hicieron en su contra en el entorno del mismo recinto penitenciario y que denunció Gendarmería en su momento.