El juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, ingresó este viernes un escrito en respuesta al requerimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago tras su resolución en la que autorizaba videollamadas para reos de alta peligrosidad. En su descargo, el magistrado afirma que fundó su medida en una serie de reglas internacionales para el tratamiento de reclusos y que, debido a su decisión, ha recibido una serie de amenazas de muerte.
Cabe recordar que Urrutia el pasado 25 de enero autorizó la comunicación para cuatro reos y una visita íntima para otro preso colombiano condenado a 15 años de cárcel por tráfico de drogas, los cuales cumplen condena en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS).
Luego de tal determinación, Gendarmería recurrió al tribunal de alzada capitalino con un recurso de hecho, que derivó en que la corte emitiera una orden de no innovar y diera un plazo de dos días a Urrutia para enviar los antecedentes que fundaran su decisión.
El escrito fue ingresado esta jornada y en este el magistrado da cuenta que su decisión la tomó basado en una serie de reglas internacionales, principalmente de las Naciones Unidas y otros organismos, los que asegura “recomiendan mantener vínculos sociales y afectivos a través de comunicaciones periódicas y visitas regulares”.
“Que el ejercicio de este derecho debe darse en condiciones de dignidad, privacidad, higiene y seguridad para ambas partes. Que lo anterior previene efectos desocializadores de la vida en prisión y mantiene red de apoyo mientras dura el encarcelamiento, y por lo tanto, analizando cada caso, sobre todo que existían algunos internos extranjeros que llevaban más de siete meses sin contacto con sus familias, se adoptaron las autorizaciones que se establecieron en la visita”, argumentó Urrutia.
Respecto a la visita autorizada para Rafael Marín Vielma, Urrutia afirmó que no era la primera vez que se autorizaba la visita íntima de su pareja, la cual se encuentra recluida en la cárcel femenina y señala que Marín no se encontraba sancionado con alguna prohibición en esta índole.
“Se hace presente que todos los internos tienen calidad de imputados, debiendo ser tratados de acuerdo al principio de inocencia, resguardando debidamente la seguridad del recinto, de los demás internos, funcionarios y fines del proceso”, asegura Urrutia.
De igual forma, el cuestionado magistrado afirmó a la Corte de Apelaciones de Santiago, que “a propósito del modo en que la noticia fue entregada a los medios de comunicación, he recibido más de siete amenazas de muerte por redes sociales”, las que afirma, ya denunció al Ministerio Público.
De acuerdo con lo informado por La Segunda, quienes serían beneficiados por la resolución de Urrutia corresponden a dos imputados (Ovicmarlixón Garcés Briseño y David Fuentes Escalona) por el asesinato del cabo de Carabineros, Daniel Palma, quien murió en una fiscalización en Santiago centro, tras recibir un disparo en su rostro, en abril de 2023.
Los otros dos (José Candurin Meléndez y Yondri Martínez Garcés) corresponden a integrantes de la banda “Caracas”, la que secuestraba a personas y se les investiga por varios homicidios en la Región Metropolitana.
