El último general activo con un grado alto en el Ejército en comparecer como inculpado ante la ministra en visita del fraude en la institución, Romy Rutherford, fue el exjefe del Estado Mayor John Griffiths. Fue por la arista pasajes. Y tras ser procesado, renunció.
Esta vez es otro oficial activo, y no cualquiera, quien está siendo requerido por la magistrada: se trata del general Rodrigo Urrutia, a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) y tercero al mando del Ejército.
Urrutia está siendo investigado por dos aristas: los pasajes y fletes del Ejército, y también por una denuncia presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ante Rutherford, donde lo acusaron de falsedad militar.
La acción judicial, según consta en el documento, señala que Urrutia habría emitido un certificado que decía que no existían los “contratos de adquisiciones realizadas por el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) en que las Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae) haya sido el intermediario”.
Sin embargo, según el CDE la información sí existía y Urrutia habría incumplido un deber militar. “En el informe de Auditoría de Contraloría, de fecha 15 de enero de 2014, queda de manifiesto que lo informado por el Ejército es falso y el certificado mendaz que se refiere (el) presente escrito falta a la verdad en la narración de los hechos sustanciales”, expuso el consejo en su denuncia.
El viernes pasado, el Ejército recibió la citación del tribunal militar para la comparecencia del general Urrutia, para que declarara hoy. Sin embargo, fuentes de la institución castrense señalaron que el general estaba de vacaciones y que, de postergarse la diligencia, pedían acogerse al Artículo 246, inciso segundo, del Código de Procedimiento Penal. Según ella, generales activos o en retiro no están obligados a concurrir a declarar. Por eso, el Ejército solicitó que Urrutia fuera interrogado por la ministra Rutherford en el mismo edificio del Comando de Apoyo a la Fuerza, ubicado en calle Tupper.
Contexto actual
Fuentes uniformadas señalaron que esta solicitud se enmarca en una “nueva estrategia” adoptada por la institución, para no concurrir al tribunal y ser vistos en ese trámite por la opinión pública, producto del contexto actual del país.
Algo similar ocurrió, en diciembre, con el jefe de personal, el general Patricio Mericq Guilá. El oficial fue requerido como inculpado por el uso de pasajes y también por haber sido “apoderado” del excomandante en jefe del Ejército Humberto Oviedo, cuando cumplía labores en la misión militar en Washington. El oficial se negó a ir al tribunal militar, y Rutherford y la PDI debieron ir a su domicilio a tomarle la declaración.
