De los 44 procesamientos que ha dictado la ministra en visita Romy Rutherford en la investigación del fraude en el Ejército, el que más ha dado que hablar es el que implicó al ex comandante en jefe, general (R) Juan Miguel Fuente-Alba. No solo por el grado que ostentó en la entidad castrense (entre 2010 y 2014), sino que por los valores que se le asignan malversados, cerca de $ 3.500 millones, y cómo habría usado los gastos reservados de la institución.
El auto de procesamiento, además, abarcó otros aspectos que merecerán la atención de la justicia, pues Fuente-Alba declaró que existieron pagos mensuales de dinero a sus colaboradores y a los ex comandantes en jefe. Esta última práctica, según el exoficial, ocurría desde antes de que él asumiera la Comandancia en Jefe del Ejército, en 2010.
Por eso, la justicia militar indagará todo lo declarado por Fuente-Alba, en especial lo que dice relación con los supuestos sobresueldos y la mensualidad a los ex comandantes en jefe. Fuentes del caso señalaron que la ministra Rutherford ya pesquisa esta información, junto al equipo de la Bridef de la PDI.
En el procesamiento a Fuente-Alba, dictado el miércoles, la jueza señaló que el general (R) "admite la entrega mensual de dineros a ex comandantes en jefe del Ejército por sumas que al inicio de su periodo ascendieron a $ 400.000, que al año siguiente se elevaron a $ 600.000 y al subsiguiente a $ 800.000".
Según se detalla en el documento, Fuente-Alba autorizó egresos de dinero "con cargo a los gastos reservados en su calidad de comandante en jefe porque no podía sacarlos de otros fondos y, en todo caso, procediendo a actuar de forma similar de aquella en que se había hecho en periodos anteriores al que él asumió el cargo. Reconoce igualmente que los registros correspondientes a pagos fueron triturados".
Entre los nombres de los ex comandantes en jefe del Ejército que habrían recibido esta mensualidad, según el general (R), están los exjefes de la institución Ricardo Izurieta Caffarena (1998-2002), Juan Emilio Cheyre (2002-2006) y Óscar Izurieta Ferrer (2006-2010).
Estas designaciones, según la declaración de Fuente-Alba, se denominaban "Apoyo a los excomandantes en jefe". Estos pagos habrían sido destinados a la mantención de casas y empleados, y "provenían de gastos reservados".
Estos fondos eran obtenidos por el exjefe de Finanzas de la Comandancia en Jefe, coronel Jorge Cortés, quien a su vez se los pedía al jefe de Finanzas del Ejército de entonces, general Jozo Santic (ver infografía).
Fuente-Alba, además, declaró que cuando dejó de ser comandante en jefe comenzó a recibir la mensualidad establecida por $ 800 mil, a través del coronel Sergio Vásquez (exjefe de Finanzas de la Comandancia en Jefe) en dinero efectivo en un sobre, salvo una vez que se lo depositó.
"Indica que él no tenía el legítimo derecho a percibir esos recursos, pero era una decisión del comandante en jefe que, en la época que él lo percibió era el general Humberto Oviedo, quien decidió mantener este mecanismo", señala el procesamiento.
El nombre del ex comandante en jefe del Ejército Humberto Oviedo (2014-2018), como uno de los generales que siguió con este mecanismo, no fue sorpresa para el tribunal militar. Rutherford, cuando lo interrogó el 28 de diciembre, le consultó sobre estas asignaciones y su uso.
Sin embargo, la ministra no pudo seguir ahondando sobre este punto, pues cuando pretendía seguir interrogándolo su defensa presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, pidiendo que Oviedo sea indagado por el Ministerio Público. El resultado de la impugnación se encuentra pendiente.
En tanto, para el resto de los comandantes en jefe mencionados, la ministra Rutherford podría citarlos a declarar durante las próximas semanas.
El general (R) dejó de recibir estos pagos entre noviembre y diciembre de 2017, luego que, según declaró, el actual comandante en jefe, general Ricardo Martínez, los dejó sin efecto una vez nominado como jefe del Ejército.
Círculo privilegiado
Otra de las revelaciones de Fuente-Alba que encendieron las alarmas, tanto en el Ejército como en la justicia militar, fueron los supuestos pagos que el exoficial hizo a su círculo de colaboradores más cercanos, y los cuales también serán indagadas por Rutherford.
Según el procesamiento, instruyó el pago "personal y mensual" la cantidad de $ 6 millones para él; al secretario general, $ 2,5 millones; a sus ayudantes, al edecán y al jefe de gabinete, $ 1,2 millones a cada uno. Además, también se le asignaban pagos al edecán presidencial.
Ayer, en la audiencia en la Corte Marcial que resolvió no dar la libertad a Fuente-Alba, la abogada del CDE, María Inés Horvitz, señaló que "parte de ese dinero era una especie de sobresueldo ilegal que él mismo se autocedía y también a otras personas que lo rodeaban. Tenía que contar con su confianza". Añadió que esta situación "hace recordar el bullado caso MOP-Gate".
El secretario general del Ejército en ese momento era John Griffiths, exsegundo al mando del Ejército hasta el año pasado, quien fue procesado por la arista viajes. El abogado de Griffiths, Roberto Ávila, señaló que "es falso que mi cliente recibiera ese dinero".
Al igual que los pagos a los ex comandantes en jefe, estos también habrían sido retirados desde los gastos reservados, pero Fuente-Alba descartó que esta fuera una idea propia. Según dijo a la ministra en visita, "es un criterio aplicado por los comandantes en jefe que le precedieron y le parece que siguió con Oviedo y él no pensó en cambiarlo".
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