La ministra en visita Romy Rutherford despachó este martes la orden de prontuariar al general (R) Juan Miguel Fuente-Alba, en el marco del procesamiento que levantó en su contra por una presunta malversación de caudales públicos por alrededor de $ 3.500 millones.
Esta diligencia, propia del sistema antiguo de justicia, es un trámite que realizan funcionarios del Registro Civil. El procedimiento consiste en la toma de fotografías del inculpado, una de frente y otra de perfil, y el registro de todas sus huellas digitales. Todo en una ficha de papel en donde quedan registrados los datos.
Según conocedores de este procedimiento, cuando un inculpado es prontuariado, el procesamiento que hay en su contra queda registrado en su certificado de antecedentes.
La orden se dio luego de que se venciera el plazo para que la defensa del ex comandante en jefe del Ejército apelara al auto de procesamiento elaborado por Rutherford. Según trascendió, la defensa -que es liderada por la abogada Joanna Heskia- no apeló ya que aún no se tienen acceso a todos los antecedentes de la causa, por ejemplo, las declaraciones que ha hecho el general (R), ya que están bajo secreto sumario.
Pese a que se optó por desechar la apelación, más adelante la defensa podría solicitar la revocación del procesamiento, recurso que se evaluará una vez que se tenga acceso a la carpeta. Incluso no se descarta acudir el TC, tal como lo hizo el general (R) Humberto Oviedo, por el secreto que cae sobre los libros y tomos de la causa.
