Con los alegatos de clausura, comenzó la etapa final del juicio oral en contra de Héctor Llaitul Carrillanca, a quien el ministerio Público le atribuye delitos en el marco de la Ley de Seguridad del Estado, llamar a través de los medios sociales a la violencia, usar de armas de fuego en contra de empresas forestales, usurpación violenta, hurto de madera y atentado a la autoridad con arma de fuego. Bajo ese contexto, la Fiscalía está solicitando una condena de 25 años de reclusión.
En concreto, al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) se le acusa de cinco hechos en este juicio, dos de ellos están vinculados a llamados a las comunidades y órganos de Resistencia Territorial en contra del orden público, uno de estos fue tras la condena de Canío Tralcal, y el otro fue a través de una entrevista en un medio de comunicación donde llamó a comunidades a “levantarse”. Además, se le acusa como autor de delitos de usurpación violenta en al menos tres oportunidades y de delitos contra el orden público, en el marco de la Ley de Seguridad del Estado.
En la audiencia de este jueves, el fiscal de Alta Complejidad, Carlos Cornejo, hizo presente que el imputado tiene un “patrón” de conductas asociadas a la perpetración de hechos de violencia rural. En ese sentido, explicó que Llaitul habría tenido conocimiento de varios ataques y habría participado en la difusión de los mismos redactando comunicados.
Además, se le atribuyen órdenes de compra, traslado de armas y municiones que habrían sido usadas en los ataques en los que participaba la CAM o las orgánicas adscritas a ella.
De los antecedentes de la acusación del fiscal, se desprende que a partir del llamado de Héctor Llaitul a la violencia y lucha armada se produjeron hechos violentos en cuatro regiones del sur del país (Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos). Además, se informó que se registraron 54 hechos de violencia, consistentes en ataques incendiarios, los que se extendieron desde enero de 2020 hasta mayo de 2022.
Durante las jornadas de juicio, el fiscal presentó a 20 testigos, cinco de ellos en carácter de protegidos, además de registros de audios telefónicos, publicaciones, georreferenciaciones de teléfonos y posicionamientos de antes y durante los hechos delictuales que afectaron a empresas forestales.
También se presentó evidencia fotográfica, videos y publicaciones referentes a los ataques y enfrentamientos con Carabineros. Entre los registros había material sobre un ataque al fundo San Sebastián, ocupado por el Lof Temulemu desde el 10 febrero de 2022.
Sobre los delitos que se acusan a Llaitu, el fiscal Héctor Leiva señaló que las “alteraciones se producen desde el minuto uno, por eso la autoridad decide hacer la denuncia, porque sabe que los dichos del imputado son portadores de la idoneidad para que estos atentados se produzcan”. En esa línea, señaló que las víctimas “han sufrido muchos atentados y que conocen del liderazgo del imputado y del riesgo cierto y real de la producción de atentados ante esos llamados”.
La defensa de Llaitul, asumida por la abogada particular Josefa Ainardi insistió en el carácter de vocero de su representado y el contexto de su discurso en referencia a la demanda histórica del pueblo Mapuche, acusando una persecución política en contra del líder de la CAM.
La defensora, acusó que se habrían presentado “pruebas sesgadas y testigos contradictorios y protegidos”. Además, criticó que -a su parecer- no existirían pruebas de las armas y municiones que habría manejado el imputado, así como tampoco habría “prueba judicial de los 54 hechos violentos durante el periodo en el que se hace referencia”. Asimismo, acusó que habrían “peritajes balísticos defectuosos”.
El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, presidido por la magistrada Rocío Pinilla reanudará este viernes a las 09:00 horas la audiencia para las réplicas de los intervinientes.
