Este lunes, en paralelo al comienzo del juicio oral -de forma telemática- en contra de los 38 imputados que estarían relacionados con la agrupación criminal Los Gallegos en Arica, la Corte Suprema ordenaba la suspensión del juicio oral. Esto, tras que el Ministerio del Interior junto a la Fiscalía Regional de Arica y Gendarmería presentaran un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, después de que el mismo organismo acogiera un recurso de amparo interpuesto por la parte defensora de los imputados, quienes solicitaban la presencialidad del juicio. Sin embargo, el máximo tribunal terminó dictando su modalidad telemática, previo a que este mismo organismo ordenara su suspensión.

La cancelación del juicio oral en el Tribunal Oral en Lo Penal de Arica se dictó a partir de un recurso de amparo presentado por los acusados, debido a que según el máximo tribunal, se vulneraron sus garantías al no entregarles información sobre los motivos de la decisión de que las audiencias se realizaran de forma remota. Según determinó la Corte Suprema, esta suspensión se mantendrá hasta la realización de la nueva audiencia para poder evaluar nuevamente la factibilidad técnica de un juicio presencial, que tendrá lugar este viernes al mediodía en el Tribunal Oral en Lo Penal de Arica. Además, en esa misma audiencia, se deberá dejar a disposición de la parte de las defensas los documentos emitidos por Gendarmería con el fin de justificar las medidas de seguridad que fueron aludidas para evitar el traslado hacia el tribunal de los imputados, quienes se encuentran cumpliendo prisión preventiva distintas ciudades del país: Arica, La Serena, Rancagua, Concepción, Santiago.

Pero ¿cómo se puede ordenar la logística de llevar a cabo un juicio de este tipo de envergadura y a la vez resguardar la seguridad? El ministro de Justicia, Luis Cordero, calificó el caso como “el más importante que ha abordado temas de crimen organizado”. Este choque entre distintos órganos del estado -Corte Suprema, Corte de Apelaciones, Fiscalía y Gendarmería- marcaría un tipo de precedente, en el que la incertidumbre queda abierta para otros posibles casos a futuro de juicios de bandas de crimen organizado con características similares a Los Gallegos, donde se producen problemas de logística, debido a la cantidad de imputados y a la peligrosidad que cada uno de ellos posee.

Por su parte, Cristián Riego, abogado de la Universidad Diego Portales (UDP), afirma que faltó trabajar más el juicio para que si se hacía virtual, los imputados pudieran participar de manera apropiada: “a mi me paece bien si es que no se ha logrado una buena formula, la corte haya podido resolver por la vía del amparo, entonces por ese lado yo creo que eso correcto (...) El tema a mi parecer no era hacerlo virtual o presencial, si no que lo virtual se hiciera de manera apropiada”.

Los problemas de logística están relacionados con la cantidad de imputados que son -en total 38-, que provienen de recintos penales ubicados en distintos puntos del país: desde Arica hasta Puerto Montt. A todos ellos habría que trasladarlos hasta la ciudad de Arica para que asistan al juicio. A eso se le agrega el aspecto de la peligrosidad de cada uno de ellos, ya que además de ser parte de una banda de crimen organizado, que en algunos casos, la Fiscalía está pidiendo la pena de presidio perpetuo.

También, están las alertas realizadas por Gendarmería previo al inicio del juicio oral de este lunes, indicando que, a partir de los informes que les han entregado desde esa institución, “esas organizaciones efectivamente dan cuenta de posibles escenarios de riesgo”, dijo el Fiscal Regional de Arica, Mario Carrera. De todas formas, durante los últimos días se ha resguardado la frontera norte en un 40%, explicando que existe una preocupación de distintos puntos de vista, incluyendo al Ejército.

Ambos problemas, tanto de logística como de seguridad han marcado el jucio en contra del brazo operativo del Tren de Aragua en Chile. El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, conversó con radio ADN, señalando que es la primera vez que en esa ciudad se enfrentan a un juicio de tal magnitud. Por ello, afirmó que “las condiciones de la ciudad hacen que un juicio de esta naturaleza mucho más riesgoso llevarlo en Arica que en otra ciudad de Chile”, incluso llegó a considerar que, aunque se aprobara el juicio presencial, dice que la ciudad no es óptima para llevar adelante un juicio presencial: “Sería hasta irresponsable pensar que Arica tiene las condiciones”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, lo ve desde el punto de vista de la infraestrctura. En diálogo con Radio Infinita, el secretario de estado afirmó que la ciudad “no necesariamente está preparada para recibir el volumen de personas que requieren un juicio presencial de esas características”. Además, señaló que “dado el perfil y dado el tipo del relato de los delitos de estos casos son atroces, en el fondo se tiene que ejecutar con las medidas de seguridad adecuadas y suficientes”.