Los cambios anunciados este fin de semana por el Ejecutivo sobre la normativa que rige el polémico procedimiento del control preventivo de identidad ya generaron una polémica en torno a los alcances de la iniciativa.

La regulación actual, vigente desde 2016, permite a Carabineros y a la Policía de Investigaciones (PDI) "verificar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público, por cualquier medio de identificación".

Según señaló el Presidente Sebastián Piñera durante la ceremonia por el aniversario de Chile Vamos realizada el sábado, se enviará "en los próximos días una ley de control preventivo de identidad, porque podemos pedirle que se identifique a la persona para proteger la vida y la seguridad de todos los chilenos".

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, detalló, en entrevista con el suplemento Reportajes de La Tercera, que el proyecto pretenderá ampliar las atribuciones de las policías, "tanto en la precisión de los casos de indicios que permiten el control como en los que se permite el registro simple de las personas controladas".

En la actualidad, la policía solo puede verificar la identidad de la persona y comprobar si tiene órdenes de detención pendientes, sin posibilidad de registrar la vestimenta, el equipaje o el vehículo del requerido. Este es uno de los aspectos al que apuntaría la propuesta de La Moneda, según reconoce el propio Chadwick. "Que (las policías) tengan la posibilidad también de hacer un registro de la mochila, de la chaqueta", indica.

Menores de edad

Desde el oficialismo, el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), uno de los promotores del actual control de identidad, dijo que se trata de una herramienta "que ha funcionado en mejorar la prevención por parte de las policías. Pero claramente hay que robustecerla en lo que le falta".

El legislador apunta a establecer dos medidas: permitir el registro, y ampliar el control a menores de edad. Sobre este último punto, Fuenzalida sostiene que hoy "los menores imputables, entre 14 y 17 años, son personas que participan activamente en la comisión de delitos".

Rechazo opositor

Desde la centroizquierda, en tanto, no ven con buenos ojos la propuesta del Ejecutivo y desde ya advierten que la rechazarán cuando ingrese al Congreso.

El senador Felipe Harboe (PPD), recalca que "no hay espacio para cambios en el control de identidad mientras no se mejore la calidad y el control externo a las policías. Se acabaron los cheques en blanco".

Añade que si bien ya se han entregado mayores facultades a las policías, "han existido abusos y la delincuencia sigue aumentando. Tendrán que mejorar la gestión antes de pedir más facultades".

Álvaro Elizalde, senador y presidente del Partido Socialista, acusa "improvisación" en el anuncio del gobierno. "Espero que no sea una estrategia comunicacional que no resuelva el problema de fondo", agrega.

Ricardo Celis, jefe de la bancada PPD en la Cámara, puntualizó que mientras las policías "no aclaren sus protocolos y alcancen estándares de derechos humanos, una ley de esta naturaleza no puede ser aprobada".

Desde el Frente Amplio, la diputada Gael Yeomans (IL)insiste en que no se puede seguir avanzando "en un estado policial que no invierte nada en prevención".